sábado , 15 diciembre 2018, 3:11 pm
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Proyecto Aula Segura: comisión del Senado confirma por mayoría que es inconstitucional

“Lo que hemos resuelto como Comisión de Constitución es simplemente que este proyecto no cumple las garantías del debido proceso, ahora eso el gobierno lo puede arreglar en la Comisión de Educación, y para eso tiene que hacer gestión política, conversar y dialogar. Y el gobierno tiene que hacer bien la pega”, con estas palabras el senador Francisco Huenchumilla, presidente de la instancia dio a conocer el pronunciamiento sobre la iniciativa del Ejecutivo conocida como “Aula Segura”.

Por voto de mayoría (3 a 2) la instancia determinó que el texto legal contiene vicios de constitucionalidad en lo relativo al debido proceso.

En ese sentido, el senador Huenchumilla precisó que “lo importante es que el gobierno no se siga equivocando, porque hay que legislar bien. Y probablemente el Ejecutivo tiene razones para mandar un proyecto de ley, pero tiene que hacer bien los proyectos. Y el problema es que este proyecto fue mal hecho simplemente”.

Asimismo, comentó que tras escuchar a diversos constitucionalistas “lo que se ha dicho en la Comisión de Constitución es que este proyecto quebrantaba las normas del debido proceso, y toda persona que es acusada de cualquier delito en Chile, tiene derecho a las garantías que establece la Constitución. Vale decir, un proceso previo racional y justo”.

INDICACIÓN

En tanto, consultado por la indicación del gobierno para el proyecto Aula Segura que dio a conocer en la instancia legislativa y que deberá discutirse en la Comisión de Educación, el senador Huenchumilla afirmó que “la ministra de Educación expuso una indicación, y esa es la prueba más clara y da cuenta que el primitivo proyecto tenía sus carencias, por lo demás, le quiero señalar que nosotros escuchamos un argumento de autoridad de cuatro profesores de derecho constitucional y los cuatro estuvieron de acuerdo en que el proyecto tenía una carencia respecto del debido proceso”.

“La propuesta nueva del Gobierno avanza en corregir los defectos, pero todavía tiene algunos pequeños ripios que el gobierno tiene que resolver sobre el debido proceso”, concluyó.

Por su parte, el senador Rodrigo Galilea –quien reemplazó al senador Andrés Allamand- valoró la indicación anunciada desde el Ejecutivo para precisar los alcances del proyecto Aula Segura y despejar las dudas que se habrían suscitado respecto al debido proceso de los alumnos, subrayando que “tras la sesión de hoy de la Comisión de Constitución, los principios inspiradores del proyecto han sido ratificados por todos, porque lo relevante es resolver el problema de los estudiantes que cometan actos graves, tales como portar armas”.

Destacó que tras las exposiciones de los abogados constitucionalistas Fernando Atria y Sebastián Soto “quedó zanjado que los actos que revistan gravedad y estén acreditados sean sancionados; que el director o rector va a poder separar como medida cautelar en forma inmediata al alumno que ha cometido faltas, lo que hoy no es posible, generando además la responsabilidad del rector de actuar”.

Sobre esto último, precisó que a partir de esta iniciativa -que ahora será revisada por la Comisión de Educación- “el rector no tiene facultad de decidir si actúa o no frente a un hecho acreditado, sino que debe hacerlo por ser el responsable de velar por la buena marcha de la comunidad”.

El senador Galilea afirmó que con la indicación que se incorpora al proyecto, que tiene que ver con el procedimiento previo a la sanción, “se corrigen falencias y están dadas todas las condiciones para legislar bien y rápido, de manera que estos casos de violencia extrema no se repitan y que si se repiten, contemos con un procedimiento y sanción acorde con la falta.”

Agregó que la sesión fue útil por cuanto aclaró las dudas respecto del procedimiento, descartando de paso que la instancia tuviera facultad para pronunciarse sobre la legalidad de la iniciativa, pues aquello es propio del Tribunal Constitucional”.

OBLIGACIÓN DE EXPULSIÓN

El senador Felipe Harboe, integrante de la instancia señaló que el problema es más complejo que el tema del debido proceso, a su juicio “el proyecto fue mal hecho porque aquellos que no queremos que exista violencia en la comunidad escolar y que los jóvenes que incumplan sean expulsados deben serlo pero con el debido proceso y si se aprobaba el proyecto tal como estaba el Tribunal Constitucional lo podía echar abajo y el mismo joven podría recurrir a los tribunales”.

Puntualizó que “la indicación que el gobierno va a presentar a la Comisión de Educación, permite a lo menos escuchar a los padres, madres, apoderados o los estudiantes imputados pero mantiene la obligatoriedad de expulsar al estudiante, pues se dispone la obligación de expulsión”.

La senadora Luz Ebensperguer, recalcó que lo que se requiere es “legislar para resguardar la seguridad de la comunidad escolar. La ministra de Educación trajo una indicación que subsanaba las dudas constitucionales, pero ahora la oposición señala que existe un problema de técnica legislativa sobre la facultad de expulsar a los alumnos que incurran en actos graves de violencia”.

La obligación de expulsar es algo que está contemplado en nuestra legislación, por ejemplo en el ámbito administrativo la autoridad no tiene otra posibilidad más que aplicar la expulsión una vez comprobado el delito funcionario. En este caso, el rector o director va a suspender al estudiante mientras se lleva a cabo el procedimiento de expulsión”.

El senador Alfonso De Urresti lamentó que el gobierno insista en caer en “una falta de prolijidad en la forma de legislar, porque los 4 constitucionalistas hicieron reserva respecto a este proyecto donde se establece un procedimiento que vulnera garantías”.

Aseguró que “esta ley va en el camino equivocado al criminalizar conductas que debieran ser abordadas en forma más integral. Todos rechazamos esta violencia pero tenemos el ánimo de legislar bien”.

En todo caso mencionó que “todas estas son materias que se pueden mejorar en la discusión en particular y espero que la Comisión de Educación se abra a mejorar este proyecto”.

En tanto, la ministra Marcela Cubillos manifestó que “lo importante es que el proyecto inicie la tramitación. Esta opinión de la Comisión de Constitución va a ir a la instancia de Educación donde trabajaremos el proyecto. Hemos sostenido que es el Congreso donde se perfeccionan los proyectos y valoro las opiniones de los senadores y espero que podamos lograr un acuerdo”.

Precisó también que “la indicación que presentamos apunta a que los directores de colegios tengan la atribución de expulsar. Que los alumnos que sean sorprendidos en actos violencia graves puedan ser separados mientras dure el proceso. Estamos abiertos para que el alumno tenga plazo para hacer sus descargos y todo puede ser objeto de discusión”.

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