domingo , 16 junio 2019, 10:42 pm
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[ENTREVISTA] Funcionarios de Educación se mantienen en paro; 9 jefas de hogar fueron desvinculadas

Los dirigentes de la seremi de Educación se mantienen en paro desde las desvinculaciones de hace dos semanas y la mañana de este miércoles visitaron radio Paulina, donde emplazaron al Intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, y al seremi Natan Olivos Núñez, a asumir responsabilidad política por los despidos de los 11 funcionarios, de los cuales nueve son mujeres.

Eduardo Illanes Pávez, presidente de Andime provincial Iquique resaltó que “los despidos son arbitrarios e injustificados porque no se ajustan al Oficio Circular Nº 21 del Ministerio de Hacienda; se trata de personas con funciones permanentes fijadas por Ley dentro de la estructura formal del Ministerio. Entre ellos, los contratados por la Ley de Inclusión. Se trata de personas con buenas calificaciones en lista 1 y en el caso de los honorarios, son funcionarios con labores de continuidad”.

Agregó que “las desvinculaciones afectan a personas con ingreso familiar único y bajos, a jefes de hogar con hijos cursando educación superior, otros de edad avanzada y otro con una afección cardíaca cuya desvinculación lo haría dejar de tener ingresos para costear su tratamiento”.

Además, comentó que “acá se rompe la implementación de la calidad de la política pública. La restructuración de las unidades y el organigrama del Ministerio de Educación, es algo que tiene que ser de interés de todos los actores políticos y tenemos a nuestros parlamentarios en silencio. El Intendente no puede hacer lo de Poncio Pilatos y decir que esto radica en as autoridades de Santiago. Acá con los despidos sólo se aumenta la cesantía”.

Finalmente dijo que “como trabajadores de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Tarapacá pensamos que en esta región no se pueden estar despidiendo a personas sin argumentos técnicos claros, que además, significan desconocimiento de leyes que fijan funciones y metas dentro la implementación de políticas públicas que afecta la calidad de la educación y el servicio de atención a la comunidad”.

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