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La iniciativa tiene como principal objetivo incorporar de manera más profunda el mérito, la familia y el proyecto educativo de cada establecimiento en la selección de sus alumnos.

Gobierno ingresó proyecto que perfecciona sistema de admisión escolar con criterios de mérito y justicia

Conforme a lo anunciado, el Gobierno ingresó a trámite legislativo a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que perfecciona el sistema de administración escolar, incorporando criterios de mérito y justicia (boletín 12377).

La iniciativa permite la incorporación de sistemas propios de admisión a partir de séptimo básico a los establecimientos de alta exigencia académica. Además, propone que los colegios que cumplan requisitos de calidad objetivos, puedan utilizar mecanismos de admisión propios a fin de evaluar el rendimiento académico del 100% de sus postulantes. 

Los requisitos de calidad propuestos son tener categoría de desempeño alto de acuerdo a la ordenación que realiza la Agencia de la Calidad de la Educación y mayor demanda que oferta. 

En cuanto a los mecanismo de admisión, la propuesta define que serán notas de enseñanza básica y media, según corresponda; ranking, que considere exclusivamente la posición relativa del alumno respecto de la promoción anterior; y pruebas de conocimientos y/o aptitudes académicas determinadas por cada establecimiento educacional.

Asimismo, el proyecto contempla incluir criterios de inclusión, donde se exigirá que al menos un 30% de sus alumnos sean prioritarios, conforme a la Ley 20.248.

Con respecto a los establecimientos educacionales de especialización temprana, también se permitirá que a partir de séptimo básico seleccionen al 100% de sus estudiantes. 

El proyecto también plantea, en el contexto de incorporar criterios de justicia, agregar el principio de priorización de los hermanos a los postulantes que no los son y que pertenezcan a un mismo hogar; y abrir la posibilidad para aumentar el porcentaje de estudiantes prioritarios a los establecimientos educacionales.

Además, añade la eliminación a la prohibición de realizar entrevistas entre los establecimientos educacionales y los apoderados antes de que los estudiantes estén matriculados, las que serán voluntarias. 

Finalmente, la iniciativa pretende facultar a los establecimientos educacionales que establezcan criterios propios de admisión, vinculados con sus proyectos educativos, hasta para un 30% de sus estudiantes.

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