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ACOSO SEXUAL EN EL PODER JUDICIAL | Corte de Apelaciones pide a la Suprema la remoción del Juez de Familia de Iquique

Son las nueve de la noche con veinte minutos del jueves 14 de junio de 2018. Mientras los chilenos se enteran por televisión que -en su paso por Iquique- el Presidente de la República había declarado que los parlamentarios recibían sueldos “demasiado altos”, una mujer está comenzando una declaración a esa misma hora en la Brigada de Delitos Sexuales y de Menores de Iquique.

A medida que avanza su relato, el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Eduardo Pérez Mansilla, va tomando nota detallada de una denuncia que a todas luces es un escándalo de marca mayor. En la relación de hechos número 1447926 -que posteriormente se enviará a la Fiscalía Local de Iquique-, Pérez anota un código (635) y luego redacta con mayúsculas el delito correspondiente a ese código: ABUSO SEXUAL DE MAYOR DE 14.

¿El lugar de los hechos? En la denuncia que redactó el oficial de guardia quedaba registrado “Patricio Lynch número 60”, un lugar conocido para el subcomisario Eduardo Pérez Mansilla y para sus colegas.

A las 22:40 horas de ese jueves, dos policías más se han sumado al procedimiento, quienes están tomando declaración nuevamente a la mujer para ratificar los hechos denunciados en la guardia. A esa hora, el comisario Arturo Pacheco hace una pausa en la declaración y toma contacto con el fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero, a quien solicita los pasos a seguir. Del otro lado de la línea, Guerrero instruye -de acuerdo a lo que señala el documento de la PDI-, “acoger la denuncia y remitirla a la fiscalía local de Iquique, sin realizar primeras diligencias en un sobre blanco de carácter reservado”.

En la denuncia ante la PDI quedaría estampado lo que -según la mujer, una técnico jurídico de 43 años-, había ocurrido en el Tribunal de Familia de Iquique en el mes de mayo de 2018, en una de las oficinas del séptimo piso de Patricio Lynch número 60, en el edificio de los Tribunales de Justicia de Iquique, cuando Natacha Ledezma Ledezma acudió a solicitar al magistrado titular que se inhabilitara en las causas de alimentos y de gastos escolares que mantenía en ese juzgado, por el menor de sus hijos.

Lo que pasó en la oficina el Tribunal de Familia, según se lee en la denuncia, parecía inverosímil al tratarse de un lugar donde se imparte justicia. “(…) Estando sentado bajó su cierre del pantalón, su asiento lo reclinó hacia atrás y sacó su pene tras desabrocharse el pantalón, exhibiéndomelo y agarrándolo con sus manos, diciéndome textualmente ‘me tienes excitado, me tienes con las ganas’. Empezó a masturbarse, pues hizo ese movimiento y su pene estaba erecto”, se puede leer en la declaración de Natacha Ledezma.

En su testimonio del 14 de junio de 2018, la mujer señala que tras la exhibición genital que realizaba su interlocutor, decidió salir de la oficina donde se encontraba, instante en el que es tomada “por la cintura y me trasladó hacia la muralla apoyándome en la pared, momento en que este empezó a levantarme la falda y procedió a tocarme los glúteos por sobre mi calzón. Además, me apretó los pechos fuertemente cuando estaba intentando abrir la puerta, señalándome que quería ver ese tatuaje, aludiendo a un tatuaje que yo poseo en los glúteos”.

Ese 14 de junio, el subcomisario Pérez Mansilla tomó nota en el computador del nombre del denunciado:  Carlos Rubén Morales Aguirre, juez titular del Tribunal de Familia de Iquique.

De abuso a acoso…

El viernes 21 de septiembre del año 2018, cuatro meses después de la declaración de Natacha Ledezma ante la PDI y un mes después de que la policía civil ingresara al Tribunal de Familia a tomar declaraciones y a empadronar el tribunal por ese caso, el pleno de la Corte de Apelaciones resolvió designar al Fiscal Judicial de Iquique para que iniciara una investigación administrativa, tras una denuncia que realizaron cuatro funcionarias del Poder Judicial de Tarapacá, un funcionario del Juzgado de Familia y una trabajadora judicial trasladada a un juzgado de letras del extremo sur de Chile, por hechos que podían ser constitutivos de acoso sexual.

Las protagonistas de la denuncia eran cinco mujeres que forman o formaron parte de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Iquique -que no serán mencionadas en este reportaje-, quienes denunciaban haber sufrido acoso sexual entre el año 2014 y el año pasado.

La Corte de Apelaciones de Iquique, desde ese minuto, comenzaba a aplicar lo establecido en el Acta 103-2018, el flamante Protocolo de Actuación para la Prevención, Denuncia y Tratamiento del Acoso Sexual que rige desde el año pasado en este poder del Estado.

El protocolo permite a los integrantes del Poder Judicial, a los usuarios y usuarias y a las personas que prestan servicios en los tribunales del país, realizar denuncias cuando consideran que se ha cometido acoso sexual por alguno de sus integrantes, sean sus pares o superiores, todo ello en las más absoluta reserva.

Según ese documento, el acoso sexual es “una manifestación de violencia de género que afecta principal y desproporcionadamente a las mujeres, y que les genera graves consecuencias en su salud física y mental”, por tanto, es considerado una violación de los derechos humanos.

Y lo que estaba ocurriendo en el Juzgado de Familia de Iquique era justamente eso: acoso sexual desproporcionado y proveniente de un funcionario cuya conducta parecía estar desatada.

Cuarenta y nueve días después de iniciada la investigación, el viernes 9 de noviembre, el Fiscal Judicial Jorge Araya Leyton procedió a formular cargos, tras acreditar que tres de las mujeres denunciantes habían sido objeto de “requerimientos de carácter sexual, no consentidos, por un tercero, de mayor jerarquía dentro del Tribunal de Familia de esta ciudad, y que también tuvo en años anteriores con las funcionarias (…) del mismo tribunal, que constituyen acoso sexual” (sic).

¿El denunciado? Carlos Morales Aguirre, el juez titular del Tribunal de Familia de Iquique.

Las acusaciones

La formulación de cargos fue lapidaria. Según pudo acreditar el fiscal Araya, el juez de familia de Iquique -incluso ese mismo año 2018-, acosó a una de las funcionarias “de beso en la mejilla, tomándola de la cintura, rozando sus piernas y glúteos”.

En otro de los casos, el fiscal judicial formuló cargos por hechos ocurridos en un curso de perfeccionamiento desarrollado en Santiago, donde el juez Morales invitó a la denunciante a asistir a un club nocturno y, pese a la negativa de la víctima, el magistrado de familia habría insistido en su objetivo.

El tercer caso corresponde a dos acosos aplicados a una sola funcionaria. De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso este medio, en una oportunidad Morales la saludó “mediante un beso en la cara, poniendo su mano en su hombro izquierdo comenzando a bajar su mano hasta la parte media de su glúteo”. En otra ocasión, el 11 de julio del año pasado, el juez conversaba con la víctima “momento en el que (ella) se percató que estaba tocándose sus partes íntimas, por debajo de un banano que normalmente emplea”.

El juez Carlos Morales no se libró de los otros casos en la formulación de cargos, sino que el fiscal determinó que estaban prescritos, ya que tenían más de dos años de ocurridos desde el lanzamiento del protocolo del Poder Judicial.

Justicia ciega

Tras tomar conocimiento de las pesquisas y sentencias que avalan este reportaje, este medio se contactó el pasado viernes con Eduardo Cáceres, el abogado del juez Carlos Morales, quien señaló que hablaría con su defendido para ver la posibilidad de dar una entrevista. No obstante, al cierre de este reportaje el jurista no había respondido.

Pero a lo que sí respondió fue a los cargos que presentó el Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de Iquique en contra de su defendido. El abogado Cáceres argumentó que en el proceso su cliente no había sido notificado por el fiscal Jorge Araya y que no existía resolución que diera inicio a la investigación; que los testigos no habían prestado juramento; o que se había violado el principio de objetividad en la ratificación de las denuncias, entre otros descargos. Incluso, planteó que se había vulnerado el derecho constitucional del juez Morales a no ser juzgado por comisiones especiales.

Además, apeló a una miopía severa de Morales, con reducción del 25% de la capacidad visual, calificando de “insólito que sea acusado de ‘mirar’ partes íntimas”, debido a que esa afección ocular le impedía ver bien a su defendido.

Pero todo ello sería desvirtuado la semana pasada por la Corte de Apelaciones de Iquique…

La guardadora de menores

Además de las dos causas en contra de su expareja -por alimentos y gastos en educación para su hijo menor de edad-, la denunciante Natacha Ledezma era personaje conocido en las oficinas del tribunal de familia, donde, de acuerdo al reporte que elaboró la PDI, tenía 33 causas en proceso, algunas de ellas por su condición de guardadora de menores.

De hecho, un joven boliviano de 17 años que estaba al cuidado de Ledezma también fue citado a declarar por la PDI, como parte de las diligencias que encargó la Fiscalía de Iquique a partir del 21 de junio del año pasado, orden impartida siete días después de la denuncia por abuso sexual que había presentado la mujer ante la BRISEXME.

Ese caso en particular -el del menor de edad boliviano-, da cuenta de la agilidad con que Ledezma se movía por esos días en el tribunal de familia. En la declaración que dio ante la PDI el 29 de agosto del año pasado, el menor UMZC sostuvo que tras recibir una golpiza por parte de sus padres -hecho ocurrido en octubre del año 2017-, terminó pidiendo alojamiento en la casa de su polola, la hija de Natacha Ledezma, de quien era compañero en el Liceo Politécnico de Iquique.

Pasaron tres a cuatro días, cuando llegó la señora Natacha y sacó un documento donde me dijo que tenía mi tutela, ya que había denunciado a mis padres por vulneración de derechos, por lo que tenía que quedarme bajo su cuidado por el período de tres meses, situación que me molestó, ya que en ningún caso le pedí que denunciara a mis padres”, afirmó el entonces menor de edad.

UMZC relató a la PDI que en ese período trabajaba en una estación de servicio y que, al regresar en la tarde, se encontró con Carabineros en el hogar de Ledezma. Los policías le pidieron al joven ir al hospital regional a constatar lesiones “debido a la denuncia que había realizado doña Natacha Ledezma”, “ya que supuestamente mi madre me había intentado apuñalar, cosa que yo no dije en ningún momento. Todo lo que decía en ese registro era algo que había declarado doña Natacha, las cuales no eran verdad” (sic).

En el mismo hospital el joven boliviano, sorprendido, vería pasar a su propia madre, esposada por Carabineros, acusada por Natacha Ledezma de agredirlo a él mismo.

UMZC dice que esa noche fue enviado al Hogar de Menores Teniente Merino y que al día siguiente Natacha Ledezma lo fue a buscar para llevarlo al Juzgado de Familia de Iquique. Allí es donde el menor vio por primera vez al juez Carlos Morales, quien determinó dejar al joven boliviano a cargo de Natacha Ledezma.

Sexo en el tribunal

En conversación con este medio, Ledezma sostiene que fue seducida por el juez Carlos Morales mientras tramitaba algunas de sus causas en el tribunal de familia. La supuesta víctima de abuso sexual señala que el juez la conocía, pero que la relación más íntima comenzó a mediados de 2017, cuando el magistrado la abordó vía Whatsapp, una noche, a altas horas de la madrugada. Según la mujer, eso indicaba que Morales accedía a datos de las usuarias del tribunal, como los números telefónicos, y que establecía el contacto para fines distintos a los de las causas.

Sobre el acecho a otras usuarias y funcionarias del tribunal, Ledezma sostiene que supo de varios casos, pero que el más recordaba era el de una madre -exesposa un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile-, quien también habría sido abordada por Morales a altas horas de la madrugada.

Al poco tiempo de abordar a Ledezma por Whatsapp, Carlos Morales la habría citado a su oficina, donde le ofreció un té y le habría declarado, sin más, que le atraía como mujer.

Un mes después de ese primer contacto, establecerían una relación de pareja por seis meses, hasta enero de 2018, pese a lo cual el juez Morales no se inhabilitó de involucrarse en las causas de familia relacionadas con Natacha Ledezma.

La pareja, por esos, se divertía. Según relató el menor UMZC a la BRISEXME, poco antes de la Navidad de 2017, vio fotografías del viaje que realizaron Natacha Ledezma y Carlos Morales a la ciudad de Tacna, destino habitual de los amantes del norte de Chile.

Y la diversión también ocurría al interior de las dependencias del Poder Judicial, en calle Patricio Lynch número 60, según declaró Ledezma a este medio.

  • ¿Ustedes tuvieron relaciones sexuales dentro del tribunal?
  • Dentro del tribunal sí.
  • ¿Dentro de la sala del tribunal o en las oficinas?
  • Dentro de la oficina de él, que es dentro de la sala del tribunal.
  • ¿Y en qué minuto ocurría eso?
  • Cada vez que él tenía, por ejemplo, un relax, que es cuando hay un tiempo donde los magistrados…
  • ¿Una suspensión de la audiencia?
  • Sí.
  • Pero usted no estaba ahí…
  • No, poh. Él me llamaba. Él me escribía por Whatsapp y me decía “Ven a mi oficina. Te necesito”.
  • ¿Y le daba alguna razón?
  • Que me necesitaba…
  • ¿Y usted entendía a qué iba?
  • Sí, obvio.
  • ¿Y qué tan recurrente fue esto en el período de los seis meses?
  • Varias veces…
  • A la semana, ¿cuántas veces?

La mano de la justicia…

La relación de entre el juez de familia y la técnico jurídico terminaría en enero de 2018, de acuerdo a lo que declaró la propia mujer a la PDI. En el relato que hizo en agosto del año pasado el menor UMZC, dijo que fue testigo de varias llamadas telefónicas que Ledezma hizo al magistrado por esos días, señalando que ella “era muy hostigante con él”.

En una oportunidad escuché un audio que Natacha puso en altavoz, donde reconocí la voz del magistrado Carlos Morales, en donde le pedía a Natacha que lo dejara tranquilo y no lo molestara más porque tenía familia, que no quería saber más de ella y solo lo buscara en la corte por temas laborales, donde Natacha le envió un audio, diciendo que lo iba a destrozar”, testificó el joven boliviano.

Hago presente -continuó el relato de UMZC-, que doña Natacha Ledezma siempre llamaba por teléfono al magistrado, y cuando no le contestaba, se molestaba diciendo frases como ‘yo soy Natacha Carolina Ledezma y a mí no me la va a ganar, ya que aquí el más mentiroso gana”.

Las alarmas se encendieron en el seno de la Corte de Apelaciones de Iquique cuando la mujer ingresó un recurso de protección acusando a Carlos Morales y a otros tres jueces de los tribunales de familia de “ABUSOS Y AMENAZAS CONTRA MI PERSONA”.

El 25 de junio de 2018, los magistrados de la Corte de Apelaciones Pedro Guiza, Mónica Olivares y Marilyn Fredes Araya emiten una resolución judicial respecto de ese recurso de protección, donde señalan que “apareciendo de los antecedentes que se reclama de la conducta de cuatro jueces del Tribunal de Familia de esta ciudad respecto de hechos diversos y de connotaciones distintas, dese ingreso correspondiente al libre Pleno-Administrativo, para su adecuada tramitación”.

Junto con ello, los magistrados ordenan que “Consecuente con lo anterior, elimínese el presente Rol. Rol N° 159-2018 Protección,.” (sic).

Así las cosas, el recurso de protección desaparecía de la vista pública en la página web del Poder Judicial y la causa quedaba radicada en la esfera del Acta 15-2018, un acuerdo de la Corte Suprema que comenzó a regir el 26 de enero de 2018 y que determina los procedimientos disciplinarios aplicables a miembros del Poder Judicial.

El 17 de octubre del año pasado, en el proceso rol 43-2018, el Fiscal Judicial cerró la investigación y formuló cargos en contra del juez Morales por recibir en su despacho privado a Natacha Ledezma, “en más de una oportunidad y fuera de las horas de audiencia del tribunal”, y por “haber intentado abusar sexualmente de la reclamante, en mayo de 2018, en su despecho privado”, “infringiendo lo dispuesto en el artículo 545, y en los números 4 y 8 del artículo 544, todos del Código Orgánico de Tribunales”.

Tras los descargos que realizó el 19 de noviembre del año pasado la defensa de Carlos Morales, a cargo del abogado Eduardo Cáceres, el fiscal judicial ratifica nuevamente que el juez infringió los artículos 535 y 544, número 4 y 8 del Código Orgánico de Tribunales, pero esta vez propone que “se absuelva a don Carlos Morales Aguirre de los cargos formulados en su contra por intento de abuso sexual de doña Natacha Ledezma Ledezma”.

El pasado 6 de febrero, el pleno de la Corte de Apelaciones de Iquique acogió parcialmente los planteamientos del Fiscal Judicial y resolvió, finalmente, absolver al juez Carlos Morales de la acusación de intento de abuso sexual, rebajando la sanción de censura por escrito a una amonestación privada, por el hecho de recibir a Natacha Ledezma en su despacho privado.

La decisión tuvo el voto en contra de la ministra Marilyn Fredes, quien estuvo por mantener la sanción de censura por escrito. La magistrado consideró que Carlos Morales había tenido una “conducta imprudente”, que afectaba el “decoro funcionario”.

Así, el juez del Tribunal de Familia de Iquique libraba de la grave acusación, con magulladuras menores… pero no por mucho tiempo.

Ave Fénix

Natacha Ledezma relata que se ha encontrado al juez Carlos Morales en algunos espacios públicos. Sostiene que en la Fiscalía de Delitos Sexuales le entregaron una alarma sonora en febrero, para activarla en caso de que Morales la aborde. Pero dice el aparato no ha sido efectivo. La mujer sostiene que “cada vez que me lo he encontrado -me lo he encontrado en Cavancha, me lo he encontrado en varios lados-, y él, lamentablemente, qué es lo que hace, me ha tocado el trasero”.

Según señala, el juez de familia le habría dicho en el mes de enero que resurgiría de sus acusaciones como el ave fénix, algo que concuerda con el avatar que Morales tiene en su perfil de Facebook.

Sin embargo, el pasado miércoles 9 de abril, en la investigación por acoso sexual a funcionarias iniciada el 21 de septiembre del año pasado, la Corte de Apelaciones de Iquique apagó el fuego del ave fénix, arrojando un balde de agua fría sobre el juez Carlos Morales y su carrera en el Poder Judicial.

Ese día, el Pleno resolvió que “en atención a la gravedad de los hechos que resultaron acreditados en la presente investigación”, se imponía al juez del Tribunal de Familia de Iquique “la sanción de cuatro meses de suspensión de sus funciones, con goce de medio sueldo, por haber incurrido en actos constitutivos de acoso sexual”, hechos cometidos en contra de tres funcionarias del Juzgado de Familia de Iquique.

De acuerdo a la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema, se trata de la sanción más alta que puede recibir un juez de la república. Y la Corte de Apelaciones de Iquique no se detuvo solo allí, sino que junto con las sanciones, pidió a la Corte Suprema, “si lo tiene a bien, disponer la apertura de un cuaderno de remoción respecto del Juez del Juzgado de Familia de esta ciudad don Carlos Morales Aguirre”, lo que marcaría, de aprobrarse, el fin de Carlos Morales en el Poder Judicial.

En el último párrafo de la resolución de la causa rol 67-2018, el máximo tribunal de justicia de la región de Tarapacá argumentó que “el acoso sexual es una manifestación de violencia de género y el Derecho Internacional de Derechos Humanos exige que los Estados adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos y privados de violencia por razón de sexo, incluyendo hechos constitutivos de acoso sexual”.

 

 

 

 

Nota del Editor: Este es un caso que aún debe resolver la Corte Suprema de Justicia y toda persona es inocente en tanto la sentencia no se encuentre a firme y ejecutoriada.

El pasado viernes el abogado defensor del juez Carlos Morales sostuvo que apelará a la decisión de la Corte de Apelaciones de Iquique.

Según pudo averiguar este medio, la Asociación de Magistradas de Chile (MACHI) ya tiene designada a la abogado que actuará en nombre de las funcionarias, una vez que se vea el caso en la Corte Suprema.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía Regional de Iquique, los hechos acusados por Natacha Ledezma aún se encuentran en investigación penal abierta.

Los documentos a los que accedió este medio se publicaron parcialmente, para proteger a las víctimas. La denunciante Natacha Ledezma autorizó a este medio a publicar su historia con identificación.

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