martes , 12 noviembre 2019, 6:21 pm
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Diputados aprueban ley que permite a funcionarios públicos ir a la justicia laboral por vulneración de derechos constitucionales

Tras dos votaciones que presentaron un contundente respaldo, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que extiende la aplicación del procedimiento de la tutela laboral a los trabajadores públicos.

La tutela laboral es un procedimiento mediante el cual el trabajador reclama la violación de sus derechos fundamentales en su relación con el empleador, normas que se encuentran consagradas en el artículo 485 del Código del Trabajo y que hoy solo son aplicables al sector privado.

Al quedar excluido el sector público de este marco de garantías, estas no son aplicables a dichos funcionarios. Así, por ejemplo, se excluye la intervención de la Inspección del Trabajo frente a situaciones como el despido injustificado o vulneraciones específicas a los derechos laborales.

Texto del proyecto

El proyecto, presentado a través del informe de la Comisión de Trabajo que rindió la diputada Loreto Carvajal (PPD), agrega en el Código del Trabajo que las normas de los artículos 485 y siguientes (referidos a la tutela laboral) son aplicables a todos los trabajadores, incluidos aquellos funcionarios de la administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial; trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o aquéllas en que tenga aportes, participación o representación.

También serán aplicables las garantías de la tutela laboral a los trabajadores que se desempeñen en los órganos señalados en los títulos VII, VIII, IX, X y XIII de la Constitución Política de la República (Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Justicia Electoral, Contraloría General de la República y Banco Central) y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos (por ejemplo, la Defensoría Penal Pública.

La iniciativa también modifica otras dos disposiciones del citado Código (486 y 489) que abordan aspectos relacionados con la Inspección del Trabajo y procesos judiciales de indemnización (o reincorporación al cargo, según opción del trabajador), en torno a los efectos del procedimiento de tutela laboral, ahora también en la perspectiva del sector público.

El proyecto fue aprobado en general el 5 de marzo de 2019 por el Senado y, en particular, el 12 del mismo mes, ocasión en que pasó a la Cámara de Diputados, en donde se analizó a través de la Comisión de Trabajo que evacuó su trabajo en septiembre de este año con un texto alternativo al planteado por el Senado.

La propuesta fue aprobada hoy en sus normas generales por 142 votos a favor y cinco abstenciones, en tanto que las disposiciones de quórum especial fueron refrendadas por 141 votos a favor y seis abstenciones. Dada la presentación de indicaciones, la iniciativa volvió a la Comisión de Trabajo para su discusión en particular.

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