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miércoles , 2 diciembre 2020, 11:47 am
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GOBIERNO ACEPTA INFORME DE LA ONU PERO CUESTIONA LAS FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE VIOLACIONES A LOS DDHH

Al igual que con los dos anteriores reportes de organismos internacionales, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), el Gobierno de Sebastián Piñera apuntó a cuestionar los datos sobre violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, constatados en el informe divulgado hoy por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que encabeza Michelle Bachelet.

El reporte de la ONU señala que “hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”, y añade que “ciertas violaciones a los derechos humanos son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.

Algunas autoridades tuvieron acceso ayer al reporte para preparar su respuesta, y esta mañana la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren fue la encargada de dar a conocer la posición oficial del Gobierno, con la lectura de una declaración en La Moneda. “Es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que, a juicio del Gobierno, no están adecuadamente representadas o contienen información errada”, señaló.

La réplica del Ejecutivo nuevamente apuntó a relativizar los datos y en La Moneda sostienen que el informe da por cierta la existencia de violaciones de derechos humanos “antes de que concluyan las investigaciones en curso”, e instan a “validar las fuentes de información”.

“Es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que, a juicio del Gobierno, no están adecuadamente representadas o contienen información errada”, señala la respuesta del Ejecutivo.

El libreto es similar al empleado frente a los reportes de Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), los cuales –según el Ejecutivo- se hicieron eco de denuncias no plenamente chequeadas, por ejemplo en cuanto al número de lesionados por balines.

En el caso del informe de la ONU, la respuesta del Gobierno es que el documento “afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso, en el marco del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país. En ese sentido, el Gobierno reitera la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia”.

El informe de la oficina de Michelle Bachelet representa todo un balde de agua fría para el Gobierno, porque si bien ayer La Moneda aplaudía haber salvado al Presidente Sebastián Piñera de la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados, donde le imputaban responsabilidad en materia de derechos humanos, la felicidad le duró poco al oficialismo.

La Moneda siguió con especial atención los preparativos de este informe, al punto que el Presidente Piñera se comunicó directamente con Michelle Bachelet en las últimas semanas, como él mismo reveló en una entrevista con la cadena española SER. La inquietud era tal, considerando que el informe de la ONU nuevamente pone en jaque a la administración piñerista en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales, y su imagen en el extranjero, sobre todo luego de los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Los argumentos del gobierno

La respuesta del Ejecutivo también contextualiza con la situación del estallido social, señalando que “a partir del 18 de octubre, Chile vivió una situación imprevista e inédita de violencia, que se desarrolló en forma simultánea con las legítimas demandas ciudadanas por mayor justicia social”.

“Fue la situación de violencia, y no las manifestaciones pacíficas, la que determinó la necesidad de decretar el Estado de Excepción Constitucional, pues era necesario para cumplir con la responsabilidad que el Estado tiene como primer garante de la protección de derechos humanos, que es precisamente resguardar el orden y la seguridad pública para proteger las libertades y derechos de todas las personas”, indicó.

El Gobierno asegura que “ha garantizado el derecho a la reunión y manifestación pacífica” y junto a Carabineros “tomaron un conjunto de medidas oportunas, eficaces y expeditas para la promoción y el resguardo de los derechos humanos en Chile”, en cuanto a medidas preventivas, correctivas y de asistencia las víctimas.

Cabe recordar que la misión de la ONU, que trabajó en Chile entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre, el equipo pudo verificar información cuatro casos relacionados con privación arbitraria de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes estatales

El Gobierno corrobora ese dato, pero es enfático en señalar que “no corresponde utilizar la figura Ejecuciones Extrajudiciales: en un país donde funciona plenamente el Estado de Derecho, pretendiendo involucrar a dos agentes del Estado imputados como autores del delito de homicidio y cuya investigación está en manos del Ministerio Público. Sólo se establecerá su veracidad en la sentencia judicial correspondiente”.

Asimismo, el informe de la ONU señaló que “durante las protestas masivas y el estado de emergencia, los Carabineros y las Fuerzas Armadas incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza” y documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños y niñas adolescentes, “perpetrados por miembros de Carabineros y militares”.

Además, en un “tirón de orejas” a la administración Piñera, el reporte de los observadores internacionales pone el foco en los numerosos casos de lesiones oculares, señalando que “las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”.

El Gobierno también responde este punto, señalando que “el informe no incluye las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, proporcionadas por la Unidad Trauma Ocular del Hospital El Salvador”.

Asimismo, la réplica del Ejecutivo enfatiza que el informe de la ONU “señala que muchos de los detenidos son “jóvenes sin antecedentes penales”, y muestra estadísticas para sostener contrario: “al respecto, cabe precisar que 78% de los casos registran al menos una detención previa. Además, 81% de los detenidos por saqueos había sido arrestado al menos una vez antes y 63% de los detenidos por desórdenes había sido detenido con anterioridad. El Informe se refiere a detenciones indiscriminadas y arbitrarias. Al respecto, cabe clarificar que el 95,1% de todas las detenciones efectuadas desde el 18 de octubre han sido declaradas legales por los Tribunales de Justicia”.

El Gobierno también niega que exista “represalias o restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos y al ejercicio de libertad de expresión y de prensa, por parte del Estado” y descartó asimismo que haya hostigamiento a líderes estudiantiles.

 

REVISA LA RESPUESTA DEL GOBIERNO AQUÍ

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