El miércoles 27 de noviembre, en pleno estallido social, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime una reforma constitucional que permite rebajar la dieta parlamentaria y otros sueldos de altos funcionarios del Estado.
El proyecto debe ser retomado en marzo en el Senado, pero desde ya hay varios parlamentarios –tanto del oficialismo como de la oposición- que han puesto reparos a la iniciativa.
De acuerdo a lo que plantearon algunos integrantes de la Comisión de Constitución todavía hay dudas respecto de que sea el Banco Central el que fije los sueldos de las autoridades del Estado, y de que previo a esa definición la remuneración se reduzca transitoriamente a un 50%.
En el oficialismo son tajantes. “Mientras no exista un estudio bien hecho que se le presente tanto al Presidente de la República y a la Cámara y el Senado, no creo que deban existir cambios a la actual remuneración, simplemente porque sería un cambio arbitrario, sin ninguna base que lo justifique”, planteó el jefe de la bancada de senadores RN, Rodrigo Galilea.
En tanto, el senador PPD y presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, Felipe Harboe, sostuvo que “el monto de rebaja y quién la realiza debe ser decidido técnicamente y no políticamente.
Por su parte, el senador DC y también integrante de la instancia Francisco Huenchumilla, coincidió en este punto, señalando que “quiero saber en qué se basaron los diputados para la cifra del 50%. No tengo los antecedentes, porque no hemos llegado a esa parte todavía”.
El artículo transitorio del proyecto establece que en el período entre la publicación de la reforma constitucional y la fijación de remuneraciones que establezca la comisión ad hoc, las autoridades “solo tendrán derecho a percibir el 50% de su remuneración o dieta vigente”.
