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Funcionarios del IPS interponen recurso en contra del Instituto por obligarlos a volver al trabajo presencial

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La ANEF, la Asociación de Funcionarios del Instituto de Previsión Social (ANATRINP), junto con parlamentarios de oposición, denunciaron que autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) están obligando a los funcionarios del organismo a volver a sus puestos de trabajo presenciales.

El presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, indicó que se está forzando a 2.600 trabajadores del IPS a volver a sus oficinas este lunes 27 de abril, de un “modo irresponsable”.

“Después de la reunión del pasado jueves con Hacienda, acordamos que el regreso de los funcionarios públicos debía ser de manera gradual, después del peak de contagios, y conversando con las asociaciones de funcionarios de los respectivos servicios”, aseguró Debelli. Además, el dirigente reiteró que los trabajadores del Estado están trabajando, así como los funcionarios del IPS, y que los servicios esenciales siguen funcionando y seguirán con su misión.

En tanto, el diputado Juan Luis Castro (PS) manifestó su respaldo a las organizaciones sindicales e instó al Ministerio del Interior a respetar los compromisos con la ANEF.

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“Desde mañana y por dos semanas más estaremos en el peor momento epidemiológico de nuestro país. Eso significa que todos estaremos sometidos al máximo rigor del coronavirus […] Con este dictamen de obligar el retorno del 100% de los funcionarios del IPS es gravísimo, porque es exponer la vida de 2.600 trabajadores, es temerario y es irresponsable, y los funcionarios tienen todo el derecho de querer no exponerse a este virus”, señaló.

Por su parte, el presidente de ANATRINP, Eliseo Vargas, rechazó la apertura del 100% de las unidades y declaró que se debe mantener las modalidades vigentes de trabajo por turnos y remoto, debido a que se ha garantizado la continuidad del servicio, resguardando la seguridad de la población y del personal del IPS.

Por ello, esta asociación afiliada a la ANEF, con el patrocinio de la Confederación, interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones por amenaza a la vida y a la integridad física y psíquica de los funcionarios y funcionarias públicos.

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