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miércoles , 20 enero 2021, 3:45 pm
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CASO LUMINARIAS | 3 concejales y 2 funcionarios municipales quedan en prisión preventiva tras extensa formalización

Cohecho, violación de secreto, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita fueron los delitos imputados por la Fiscalía de Iquique en contra de los concejales, funcionarios municipales, particulares y representantes de las empresas de Telecom y Elec detenidos en el marco de la investigación que sigue esa Fiscalía con la Brigada de Delitos Económicos, por posibles hechos de corrupción en licitaciones relacionadas con la reposición del alumbrado público en la nortina ciudad.

El fiscal jefe de Iquique a cargo del caso, Gonzalo Guerrero, explicó en la audiencia que en virtud de una investigación iniciada por la fiscalía a mediados del año 2018, tras recibir una denuncia por violación de secreto del alcalde de la Municipalidad de Iquique, se establecieron diversas acciones ilícitas realizadas por parte de privados, quienes concertados y con la ayuda de funcionarios públicos pertenecientes a dicha casa alcaldicia, lograban la adjudicación de licitaciones públicas para la provisión de bienes y servicios a través del ofrecimiento y pago de beneficios económicos a distintas personas, afectando la transparencia, probidad e igualdad de oportunidades, con el consecuente perjuicio para el erario fiscal.

El fiscal detalló que los gerentes o representantes de las empresas (Itelecom y Elec) tomaban contacto con funcionarios municipales directamente o a través de intermediarios para, en una primera etapa, tomar conocimiento de las bases de licitación y adecuar sus propuestas a las mismas, elevando los costos de aquellas, ofreciéndoles parte de estos sobreprecios a los funcionarios públicos involucrados. Así, esta retribución económica les permitía a las empresas tener acceso a la información y a la adecuación de bases y, posteriormente, asegurarse las adjudicaciones de las licitaciones.

En específico, el fiscal indicó que, de acuerdo a los antecedentes recopilados hasta la fecha, los representantes de Itelecom y los funcionarios públicos coordinaron un aumento de los valores de la oferta para la licitación en 500 millones de pesos a fin de financiar el pago de los sobornos respectivos, con la certeza de que esa propuesta era la que se iba a adjudicar, situación que se concretó finalmente.

La Fiscalía dio también cuenta de una serie de correos electrónicos, interceptaciones telefónicas y seguimientos realizados por la Policía de Investigaciones que confirmarían las distintas conversaciones y reuniones sostenidas por los imputados para asegurar la adjudicación a las empresas y la obtención de la retribución ofrecida.

Dada la gravedad y reiteración de los hechos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los concejales G.C.V., A.L.V., M.C.T; del gerente general de Itelecom M.L.H. y su subgerente P.G.G.; de quien operaba como intermediario de las empresas C.U.B.; de los funcionarios municipales de Secoplac D.V.B. y T.V.F.; y de los particulares G.P.Y. y J.V.P., este último habría sido la persona que fue hasta Santiago para recibir parte del pago acordado.

Para el concejal F.A.L. y el abogado municipal R.G.C. se solicitó el arresto domiciliario total, ya que la Fiscalía indicó que ambos declararon reconociendo los hechos. La misma medida cautelar se pidió para los representantes de la empresa Elec, M.V.A., M.C.T. y M.V.F.

Si bien el magistrado Ricardo Leyton dio por acreditada la mayoría de los delitos esgrimidos por la Fiscalía en relación a cada imputado, sólo acogió la solicitud de prisión preventiva para los concejales G.C.V., A.L.V., M.C.T y para los funcionarios de Secoplac D.V.B. y T.V.F. En relación a las otras privaciones de libertad pedidas, el magistrado estimó que el arresto domiciliario total era suficiente, considerando además la situación de la pandemia.

Además todos los imputados quedaron con la prohibición de comunicarse entre ellos y en el caso de los concejales, de participar de sesiones del concejo municipal en que se discutan o se requiera de su intervención para la adjudicación proyectos públicos o cualquier intervención en que discutan fondos públicos.

El juzgado le otorgó 120 días a la Fiscalía para que concluya su investigación, tras lo cual podría comenzar el juicio oral.

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