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domingo , 9 agosto 2020, 11:31 am
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Corte Suprema rechaza último recurso y pone la lápida al GORE: deberá pagar más de 40 millones y pedir disculpas al periodista Nicolás Candel

La Corte Suprema rechazó un recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el Gobierno Regional de Tarapacá, mediante el cual buscaba invalidar lo dispuesto por la Corte de Apelaciones de Iquique y por el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, tribunales que ratificaron el año pasado que el organismo público vulneró los derechos constitucionales del periodista Nicolás Candel Pozo, al ser despedido en mayo de 2018 por el entonces recién asumido Intendente Miguel Ángel Quezada.

La Cuarta Sala del máximo tribunal de justicia del país, en fallo unánime emitido el pasado jueves, tomó la determinación de declarar inadmisible el último de los recursos al que podían echar mano los abogados del Gobierno Regional, señalando que el texto no cumplió con los requisitos mínimos, como es “fundar el escrito e incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho” y “acompañar copia de las sentencias respectivas”.

La causa del periodista pasó por todas las instancias judiciales del país, incluido el Tribunal Constitucional (TC), organismo hasta donde llegó el Gobierno Regional con un recurso de inaplicabilidad para invalidar “por secretaría” las sentencias de la justicia laboral de primera instancia y de la Corte de Apelaciones de Iquique, tribunal de alzada que a mediados de 2019 había confirmado la vulneración de los derechos constitucionales del trabajador, tras rechazar un recurso de nulidad interpuesto por la entidad pública.

A fines de mayo de 2020 y luego de un año de tramitación, el TC falló siguiendo la línea que ha mantenido en todas las causas que involucran a funcionarios públicos, lo que significó el único triunfo del GORE, aunque fuera de las instancias formales de justicia.

Tras ese paso el proceso debía volver a la Corte Suprema, para el fallo definitivo…

Y una vez allí los ministros del tribunal superior de justicia fueron lapidarios con los abogados del Gobierno Regional, ya que no pasaron ni dos semanas de reactivada la causa y, simplemente, la declararon inadmisible por incumplir con las formalidades, confirmando, de paso, los fallos del Juzgado de Letras del Trabajo y de la Corte de Apelaciones de Iquique e invalidando, además, toda la tramitación que se realizó durante un año en el Tribunal Constitucional.

Según indicó Eryk Cisternas Jabre, abogado defensor del periodista, la causa ahora debe retornar desde la Corte Suprema para que se declare el “cúmplase” de la sentencia y así proceder con el pago de las indemnizaciones. “Lo que corresponde es que el tribunal de primera instancia -el Juzgado Laboral de Iquique- emita una resolución para efectos de que la causa se traslade al Juzgado de Cobranza Laboral y, en definitiva, se inicie el proceso de pago por parte de, en este caso, la demandada Gobierno Regional de Tarapacá”, explicó el jurista.

La sentencia

De acuerdo a lo indicado en el fallo de primera instancia, con la irregular forma de despido el Gobierno Regional de Tarapacá vulneró al periodista el derecho a la vida e integridad física y psíquica, el derecho a la libertad de trabajo y el derecho a la no discriminación arbitraria, todos derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República y por el Código del Trabajo.

Por lo anterior, la justicia laboral condenó al Gobierno a pagar al periodista Nicolás Candel más de $39 millones de pesos, monto al que se deben sumar intereses y reajustes calculados desde marzo de 2019, período desde el cual los abogados del GORE interpusieron tres recursos -de Nulidad, de Inaplicabilidad y de Unificación- para intentar revertir la decisión de la justicia de primera instancia.

El Gobierno Regional de Tarapacá, además, fue sentenciado a ingresar al registro de entidades infractoras de los derechos de los trabajadores, en tanto que el Intendente Miguel Ángel Quezada deberá cumplir una condena que lo obliga a redactar una carta dirigida al periodista, a su cónyuge y a sus hijas, en la cual debe pedir disculpas por los actos vulneratorios cometidos en su contra y por los perjudiciales efectos que ellos tuvieron en su familia.

En la historia del proceso quedará establecido que el periodista ganó en las tres etapas que establece la justicia chilena en materia laboral, anotando un hat-trick en contra de los atropellos a los trabajadores y a los funcionarios públicos de Chile…

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