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jueves , 9 julio 2020, 1:51 pm
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PRIORIDADES | Intendencia de Tarapacá gastó 83 millones de pesos en el arriendo de dos drones… para “vigilar” el Coronavirus

El pasado 22 de abril, un mes después que el gobierno decretara toque de queda en todo el país por la pandemia del coronavirus, el Intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, firmó la Resolución Exenta 1307/2020, mediante la cual dispuso la contratación, bajo la modalidad de trato directo, de dos drones para realizar aerovigilancia en la región.

Pese a que las manifestaciones que habían comenzado el 18 de octubre de 2019 estaban en evidente retirada por esas fechas y a que las prioridades ya giraban en torno a la necesidad de conseguir equipos para leer exámenes PCR, dotar al hospital regional de más camas o de hacerse cargo del desempleo y de los efectos que estaba generando la Ley de Protección al Empleo promulgada el 1 de abril, el millonario negocio de los drones avanzó como si nada de ello ocurriera.

En la resolución que firmó Quezada para cerrar la operación de arriendo ese 22 de abril, el punto 5 argumentaba que “como es de público conocimiento, desde el 18 de octubre de 2019 nuestro país ha atravesado una grave conmoción social, cuya organización, características y graves alteraciones al orden público generaron que el 21 de octubre de 2019 se dictase el Decreto Supremo N° 487, que declaró el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Provincia de Iquique y la Comuna de Pozo Almonte, medida extraordinaria que rigió hasta el domingo 27 de octubre de 2019”.

Junto con lo anterior, en el documento se explica que “durante el curso de los días siguientes y hasta el mes de marzo de 2020 continuó el desarrollo de movilizaciones” (…), las “que, desafortunadamente, derivaron en acciones violentas en la región”.

Pero, tal como señaló la resolución, a la fecha de la firma ya no había Excepción Constitucional de Emergencia por el estallido social y las movilizaciones habían, efectivamente, concluido en el mes de marzo, cuando todo el país entró a preocuparse de los efectos del coronavirus y de la mortal enfermedad que traía aparejada: el Covid-19.

De hecho, un mes antes de la emisión del documento, el 22 de marzo, la región de Tarapacá había reportado su primer caso oficial de coronavirus y ocho días más tarde se daba a conocer el primer fallecimiento por la enfermedad. Es decir, casi finalizando abril, cuando Quezada firmaba la resolución, la preocupación regional y del país había cambiado completamente de foco.

El Convenio

El arriendo de los drones ya no tenía justificación ni era una prioridad, pero por alguna razón debía avanzar, aunque faltasen camas en el hospital…

Los recursos que se invertirían en el arriendo de los aparatos procedían de un convenio entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Intendencia Regional, suscrito el 3 de marzo y ratificado el día 18 del mismo mes por Quezada (Resolución Exenta N° 1125), mediante el cual se traspasaron más de 83 millones de pesos para que Tarapacá procediera a arrendar dos drones, por dos meses, para implementar “un Sistema de Aerovigilancia de contingencias”, parte de los objetivos del Programa de Innovación y Tecnología para la Prevención del Delito.

Sin embargo, a esas alturas no había estallido social que vigilar desde los cielos…

Pese a esto, el Intendente de Tarapacá avanzó en una operación de arriendo cuyo proveedor tenía nombre y apellido. Y allí es donde el coronavirus entra como justificación en la resolución que firma Quezada el 22 de abril, y con la cual se concreta el trato directo.

Siete de los artículos del documento firmado por la autoridad regional entregan razones asociadas al coronavirus para proceder con el arriendo, en tanto que un par de escaramuzas ocurridas en la zona cero de Iquique, ya a mediados de abril, son otros de los motivos que fundamentan el millonario sistema de aerovigilancia, el cual se describe en la resolución como una “urgente necesidad”.

Todos los argumentos expuestos en aquel documento apuntaban a que el negocio debía realizarse, “a dedo”, bajo la excepción que contempla la ley para concretar compras públicas mediante trato directo, esto es, que exista una emergencia que permita evadir el proceso de licitación y entregar el negocio a un proveedor específico, pese a que en la región existe al menos una empresa que cuenta con toda la tecnología y con las autorizaciones de la DGAC para participar de una posible licitación.

Así presentaba los drones el Gobierno Regional el pasado 13 de mayo.

La Empresa

A mediados del mes de abril, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, ingresó a su consejo regional un proyecto de monitoreo y televigilancia por el cual solicitaba 7000 millones de pesos a tres años. Se trataba de Panóptico, también conocido como Santiago Ciudad Inteligente, una iniciativa que apuntaba a aumentar la seguridad y controlar las incivilidades en la capital, mediante el uso de cámaras y drones.

El proyecto no tuvo eco en el core metropolitano, por su alto costo, por lo que Guevara lo retiró el pasado 29 de mayo. Sin embargo, el mismo día, la autoridad capitalina volvería a insistir con la iniciativa de vigilancia, pero esta vez considerando solo a la “brigada de drones”, con lo que reducía el costo de la solicitud al consejo regional a 2.727 millones de pesos, también a tres años.

Según el sitio de investigación periodística Interferencia, la empresa que proveería los drones para el proyecto de Guevara era VideoCorp, la misma con la cual había cerrado el trato directo un mes antes, el 22 de abril, el Intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada.

Orden de Compra para el arriendo de los drones.

En ambas iniciativas el financiamiento de los equipos provenía de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que el día 3 de marzo había asignado $83.742.631 para el proyecto en Tarapacá, de acuerdo a lo indicado en el convenio firmado entre el organismo dirigido por la subsecretaria Katherine Martorell y la intendencia regional.

Coincidentemente, se trataba de la misma cifra con que Quezada terminaría asignando el trato directo a VideoCorp, según se observa en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 67/2020, emitido por el Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional de Tarapacá, y en la Resolución 1307/2020, del 22 de abril, firmada por el Intendente y por el abogado del organismo, Sergio Tunesi Muñoz.

La orden de compra para proceder con el millonario arriendo de los dos aparatos finalmente ingresaría a Mercado Público el día 29 de abril, siendo aceptada por la empresa VideoCorp el 5 de mayo, diez días antes que la ciudad de Iquique iniciara una cuarentena por coronavirus que hoy ya va en su séptima semana, en medio de un panorama de desempleo que bordea los dos dígitos y donde la prioridad de la población, más que ser vigilada por drones, es alimentarse…

https://www.biobiochile.cl/especial/reportajes/2020/06/30/compra-camaras-carabineros-desata-investigacion-corrupcion-katherine-martorell.shtml

https://www.goretarapaca.gov.cl/subsecretaria-de-prevencion-del-delito-implementa-drones-de-televigilancia-en-la-region-de-tarapaca/

1984 – El Gran Hermano
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