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lunes , 10 agosto 2020, 2:14 am
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Piñera propone a juez Raúl Mera para presidir la Corte Suprema

El Presidente Sebastián Piñera envió al Senado el nombre de Raúl Mera Muñoz como candidato para reemplazar al ministro Hugo Dolmestch en la Corte Suprema.

De esta manera, el juez Mera superó a los otros aspirantes que conformaban la quina elaborada por el Máximo Tribunal de Justicia: Sergio Mora, Mario Carroza, Jessica González y María Soledad Melo.

Raúl Mera Muñoz (64) es abogado de la Universidad de Chile. Fue relator en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, secretario en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, juez del Primer Juzgado de Letras de Iquique y fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, entre otros. En el año 2000, fue designado ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, para asumir en 2015 como ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, cargo que ocupa hasta la fecha actual. En dos ocasiones, desde entonces, por decisión de la propia Corte Suprema, ha cumplido funciones como ministro suplente del máximo tribunal.

Como académico, Raúl Mera Muñoz ha sido profesor de la Universidad Austral de Valdivia; de la Universidad Arturo Prat de Iquique; de la Universidad de Antofagasta y de la Universidad Católica del Norte.

Según exponen desde el Ejecutivo, entre los antecedentes que se tuvieron en cuenta para su nominación está el hecho de que Mera es respetado por sus pares al ser reconocido como un hombre de larga trayectoria judicial y dominador de diversas áreas del derecho. En este sentido, señalan, cuenta con importantes decisiones en materia penal, tanto bajo las reglas del Código de Procedimiento Penal como en el nuevo proceso criminal, además de contar con fallos en civil, constitucional, administrativo y laboral.

En su vasta trayectoria, sin embargo, ha tenido algunos fallos que han sido cuestionados y que han empañado su carrera poniendo un manto de dudas en su eventual nominación.

“Los Queñes”: Absolución a ex uniformados

El primero de ellos es la causa de derechos humanos conocida como el caso “Los Queñes”. Fue en octubre de 1988 cuando un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), a cargo de los máximos referentes de la agrupación, Cecilia Magni Camino y Raúl Pellegrin Friedmann, atacó este poblado ubicado en San Fernando, donde resultó muerto un cabo de Carabineros. Luego ambos comandantes, Tamara y José Miguel, como eran conocidos en la interna del grupo rodriguista, emprendieron la retirada a través de las montañas. Tras su desaparición y una incansable búsqueda por parte de sus familiares, sus cuerpos fueron hallados en el río Tinguiririca con graves lesiones y desgarros. Las autopsias posteriores revelaron traumatismo cráneo encefálico, lesiones toráxicas y otras en las extremidades, todas atribuidas a la participación de terceros. Se constató, finalmente, que fueron lanzados moribundos al caudal.

Siendo ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en octubre de 2010, Raúl Mera aseguró que no lograba crearse la “convicción de los delitos”, pese a la decena de declaraciones e informes que tuvo a la vista. El fallo terminó por absolver a cuatro carabineros en retiro, procesados en la investigación como coautores de los homicidios calificados: Julio Verne Acosta Chávez, Mauricio Bezmalibovic Hidalgo, Juan Ernesto Rivera Irarcher y Walher Soto Medina.

Cuatro años después, la Corte Suprema ratificó esta sentencia en un fallo dividido, reconociendo que existió un “pacto de silencio” y acreditando las torturas cometidas por los ex funcionarios policiales. “Se les golpeó rudamente en zonas vitales por funcionarios policiales encargados de su custodia e interrogación, mientras se encontraban reducidos y completamente indefensos, producto de lo cual ambas personas recibieron lesiones necesariamente mortales, arrojándose sus cuerpos agonizantes al río Tinguiririca, tanto para completar el propósito homicida y simular la muerte por inmersión”, señaló la resolución. Aun así, el criterio fue que no estaba comprobada la participación de los ex uniformados.

El Informe Rettig califica sus muertes como violaciones a los Derechos Humanos con responsabilidad de agentes del Estado debido a que en su huida fueron detenidos, torturados y ejecutados.

Medioambiente: Punchucaví-Quintero y otros

Durante el segundo semestre de 2018 se ingresaron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, diversos recursos de protección en favor de los vecinos y vecinas de las comunas de Quintero y Puchuncaví, conocida como “Zona de Sacrificio”, en contra de las empresas ENAP, Gasmar y la Fundición y Refinería Ventanas Codelco, así también como de la Superintendencia de Medio Ambiente. En este proceso se fueron acumulando otros recursos presentados por diversos municipios, organizaciones sociales, ONGs y particulares.

El 19 de febrero de 2019, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por la ministra Silvana Donoso, Patricio Martínez y Raúl Mera, emitió un fallo de mayoría rechazando dichos recursos.

Mera fue uno de los que estuvo por rechazar y, según la sentencia, se argumentó que una acción de este tipo solo podía abarcar las “situaciones de emergencia ambiental, y no el contexto general de contaminación de la bahía de ambas comunas”.

Respecto de las graves crisis ocurridas en agosto y septiembre de 2018, que derivó en masivas intoxicaciones de la comunidad, el fallo resolvió que no se podían acoger respecto de ninguna de ellas en específico, tampoco respecto a los agentes públicos porque la “única omisión reprochable detectada” -la demora en instalar medidores de contaminantes-, estaba subsanada. “(…) La mayoría de las medidas que se solicitaron en los petitorios de las diversas acciones que ahora se fallan, no constituían remedios de urgencia, no correspondían a las facultades de la Corte o se adentraban derechamente en las de gobierno y en las legislativas, propias de otros poderes del estado”, se lee en el documento.

Mientras que el voto de minoría de la ministra Donoso reconoció la saturación de la zona desde hace más de dos décadas y explicó que a simple vista ha sido “sacrificada” por la autorización de proyectos que impactan en el medioambiente y por la inexistencia de planes de prevención y descontaminación que se requieren.

En julio de 2018, Mera también estuvo por rechazar un recurso presentado por el Comité Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar contra el Hotel Punta Piqueros, emplazado en el borde costero de Concón. La construcción de esta cuestionada iniciativa hotelera estuvo paralizada por casi dos años hasta que el municipio restableció el permiso para continuar las obras, pese a la resistencia de organizaciones medioambientalistas que denunciaban la intervención de la Roca Oceánica de Concón. Este fallo dividido indicó que era necesario tener en cuenta el permiso de edificación otorgado en 2011, que permitió construir una edificación con una superficie total de 19.451,92 metros cuadrados y de 4 pisos de altura destinado a Hotel, a la inmobiliaria Punta Piqueros S.A. y desestimó lo alegado por la comunidad residente en la zona.

De los últimos fallos en materia ambiental, se suma que, a inicios de esta semana, el 25 de mayo, el ministro Mera declaró la inadmisibilidad de tres recursos de protección presentados por Greenpeace, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y Modatima solicitando adoptar medidas respecto a la distribución de recurso hídrico en la comuna de Petorca, una zona conocida por su sequía extrema que hoy enfrenta la pandemia con serias dificultades. Pero la resolución indicó que esto era competencia del Ejecutivo y no del tribunal.

A lo anterior se suma una sentencia de una mujer víctima de violencia sexual que fue condenada a cuatro años por homicidio simple, pese a que se acreditó que previamente sufrió agresiones por parte del hombre fallecido. Dado que en primera instancia no le concedieron la libertad vigilada intensiva, su defensa presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) que fue acogido concediéndole la pena sustitutiva. Esa parte de la sentencia fue apelada ante la Corte de Valparaíso, pero la sala presidida por Mera desatendió este fallo.

El fallo indica que los informes sociales presentados por su defensa “no resultaban suficientes para concluir que su libertad permitiría la efectiva reinserción” por el “consumo excesivo de alcohol y uso de drogas ilícitas” por parte de la mujer. Además, continúa, por “una extrema violencia en su reacción, que incluye una doble agresión primero con un cuchillo y luego con una botella, de manera que parece necesario que cumpla la pena impuesta”.

Luego expone una serie de antecedentes, entre ellos, que cuenta con educación media incompleta luego de abandonar el colegio producto de un embarazo, que es madre de una niña de cuatro años que vive con su madre, abuela materna, además de su tía y hermano. El fallo la califica como “consumidora de drogas en alto nivel” y que tiene un ingreso familiar ascendente a $553.000 mensuales. Eso, para luego indicar: “Son estos antecedentes los que han de ser analizados y ponderados, no a la luz de la particularidad que pueda importar el modo de comisión del delito, sino que ha de hacerse conforme al objetivo que establece la ley, no es otro que el instar por la reinserción social y el uso racional de la privación de libertad”.

En este caso su defensa acudió a la Corte Suprema que falló acogiendo el amparo y otorgándole finalmente la pena sustitutiva.

Reacciones: Senado y campañas

Por ahora el nombre de Mera como posible candidato del oficialismo ha trascendido entre los senadores, según indicaron algunos. Este perfil ha generado alarmas entre los parlamentarios del Partido Socialista, PPD, la DC y el Frente Amplio quienes tendrán que decidir sobre la carta que finalmente proponga el gobierno.

Desde este último conglomerado, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) dijo esperar que se opte por un perfil pro derechos humanos, pero sin hacer juicios anticipados sobre un candidato que todavía no es ratificado. Su apuesta es que se realizaran audiencias públicas para analizar la carrera y las opiniones del posible candidato en el espacio público. “Un juez de la Corte Suprema tiene relevancia en políticas públicas por sus fallos que afectan a la ciudadanía en muchas áreas sensibles, entre ellas situaciones medioambientales en Valparaíso”, expresó.

Mientras que desde la sociedad civil también han alertado sobre esta posible designación. Es el caso del Espacio de Memorias “Londres 38” que lanzó una campaña informativa sobre los criterios de los jueces que deben ser escogidos para estos cargos. Su coordinadora general, Alexandra Benado, sostuvo a El Desconcierto que nuevamente se ven interpelados por la perpetuación de elementos de impunidad en estos fallos. “Resulta incomprensible que desde el Poder Judicial y de la misma Corte Suprema, a la cual hemos tenido que recurrir durante más 45 años en búsqueda de verdad y justicia, los propios jueces voten por Raúl Mera. Es una revictimización y muestra que no cumplen con su propio “mea culpa” que hicieron en otras épocas por su omisión en casos de violaciones a derechos humanos en dictadura”, señaló.

Por su parte, Karinna Fernández abogada experta en derecho internacional y también integrante de este espacio, sostiene que el fallo en materia de Derechos Humanos desconoce las obligaciones internacionales respecto a los delitos de lesa humanidad, con investigaciones diligentes y sanciones efectivas, algo que no se cumplió en el caso “Los Queñes”. “Es necesario poner atención en las autoridades que llegan a estos cargos porque deben cumplir con la idoneidad para proteger la integridad de las personas”, expresa.

En esta misma línea, Javiera Tapia, abogada y activista de Derechos Humanos de Valparaíso, considera preocupante su eventual designación: “Se ha observado en su participación cierto conservadurismo y regresión en materia de derechos humanos y medio ambiente”, concluye.

Para llegar al Máximo Tribunal, Mera deberá conseguir 2/3 de los votos de la Cámara Alta – 29 votos-, sin embargo, legisladores de la oposición ya han puesto en cuestión el nombre, por algunos de sus fallos. También, algunos apuntan a que el Ejecutivo estaría incumpliendo los acuerdos implícitos para lograr los equilibrios políticos en la Corte Suprema.

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