El 3º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella por cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino en contra del presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y los subsecretarios de Salud Pública, Paula Daza, y de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
La acción judicial fue interpuesta por la concejala de Conchalí, Grace Arcos (PC), y considera además quienes resulten responsables por las muertes ocurridas en dicha comuna por causa del coronavirus.
Arcos valoró la determinación apuntando a “la importancia de esta decisión, pues no solo resuelve que en términos formales la querella está bien presentada, sino que desmiente el argumento falaz de la defensa del presidente y el ex ministro en relación a un aprovechamiento político que tendrían estas iniciativas”.
Además, afirmó que “hemos recurrido a la justicia para que se establezcan las responsabilidades que puedan recaer sobre quienes han estado a cargo del manejo de la pandemia, que a nuestro entender han cometido graves errores que han sido parte del debate público y refutado por expertos, como la tardanza en el establecimiento de cuarentenas”.
La querella señala que “se puede observar por parte de los querellados, todos autoridades de Gobierno, una serie de acciones, omisiones y comportamientos erróneos inexcusables (…), que a nuestro criterio constituyen faltas graves a su función pública y que configuran en el caso en comento figuras penales tipificadas por nuestro legislador”.
La decisión se tomó junto al rechazo del recurso de reposición en contra de la admisibilidad de la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, interpuesto por los abogados Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y Eduardo Riquelme, quienes han asumido la defensa de las autoridades de gobierno.
De esta forma, ambas acciones judiciales, además de las presentadas por la concejala de Santiago, Irací Hassler, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud (Fedeprus) y la Agrupación nacional de Empleados Fiscales (Anef), seguirán su proceso de investigación.
