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Corte Marcial deja en libertad a cuatro militares procesados por $ 9.500 millones

Fue uno de los procesamientos más cuantiosos en lo que va de la investigación al fraude en el Ejército, la cual lleva adelante la ministra en visita Romy Rutherford. El viernes de la semana pasada, la jueza encausó a seis inculpados por el delito de malversación de caudales públicos, a través del uso de gastos reservados, por un total de $ 16 mil millones, por lo que dictó la prisión de los militares.

El caso causó distintas reacciones, por lo cuantioso de la suma, y porque dos de los seis procesados son miembros activos del Ejército: el coronel Cristobal Butti y el coronel Paulo Rosas, el primero fue encausado por poco más de $ Mil millones , y el segundo por una cifra superior a los $ 3,5 millones.

Ceros más, ceros menos, ayer la Corte Marcial revocó la prisión preventiva de ambos efectivos, y de los uniformados en retiro: el coronel (R) Jorge Rojas y el coronel (R) Jorge Cortés. La decisión de la Corte Marcial fue unánime, por lo que ordenó la libertad de los cuatro procesados, quienes estaban recluidos desde el viernes en el Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén.

El caso del fraude en el Ejército ya suma más de 40 cuadernos investigativas, y sumando. Algunos ya están en su etapa final, y otros en pleno desarrollo, como el del uso de los gastos reservados. Esta es una de las aristas más complejas, y donde ya están procesados los excomandante en jefe, los generales (R) Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.

Diligencias en el Club Militar

Las diligencias en esta causa han seguido un curso que acumula varios volúmenes de informes periciales, con información proveniente, tanto del Ejército -a solicitud de la ministra- como de otros estamentos.

Por ejemplo, el 15 de octubre de 2019, la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército remitió un informe a Rutherford respecto del uso del “Complejo Militar Lo Curro”. Allí se detalla el funcionamiento de este lugar, el cual es pesquisado en medio de las investigaciones sobre el uso que se le habría dado ahí a los gastos reservados.

El oficio detalla que la “institución le dispone al Comandante en Jefe del Ejército, para servir de casa habitación durante su período de mando, algunas dependencias de la Casa Comando que forma parte del Complejo Militar ‘Lo Curro’. Como se explicara, este complejo militar posee un conjunto de construcciones e instalaciones militares a saber: dependencias para la administración y seguridad del complejo, infraestructura y áreas para enlaces terrestres y aéreos, puesto de mando para las comunicaciones de emergencia, Casa Comando (que incluye instalaciones para las actividades protocolares institucionales y extrainstitucionales y dependencias de la residencia familiar del Comandante en Jefe) y casa para el Oficial a cargo de las instalaciones de la Comandancia en Jefe del Ejército”.

Además, se consignó que “en relación al requerimiento efectuado por el Tribunal, es pertinente señalar que el Club Militar de Chile, dentro de sus tareas, considera apoyar distintas actividades institucionales ya sean estas protocolares o del servicio. Dentro de estas, se encuentran las que en ese sentido presta a la Comandancia en Jefe del Ejército, Alta Repartición que desarrolla actividades en distintas instalaciones del Ejército, tales como: dependencias de la Comandancia en Jefe, Edificio Ejército Bicentenario, salones del propio Club Militar, Complejo Militar ‘Lo Curro’ e incluso en otras guarniciones”.

Por lo mismo, .el informe contempló que luego de realizadas estas actividades, “son facturadas por el Club Militar a la Sección Finanzas de la SGE, organización que tramita el pago conforme a los procedimientos 92 que regulan la materia, ya que el Complejo Militar ‘Lo Curro’, no tiene en su orgánica un ‘Centro de Costos’ para tales efectos. Revisado el periodo consultado por US., se encontraron 132 (ciento treinta y dos) facturas canceladas por la Sección Finanzas de la SGE por actividades realizadas por el Club Militar de Chile. Con la información contenida en las facturas, sólo 01 (una) indica en su anverso que la actividad se efectuó en el Complejo Militar ‘Lo Curro’ y las restantes, señalan diferentes lugares e incluso algunas, no indican donde efectuó la actividad”.

No obstante lo anterior, el Ejército dispuso confrontar la información de la Sección Finanzas con los antecedentes disponibles y contables del Club Militar con la finalidad de establecer, en la medida de lo posible, el lugar donde se efectuó cada una de estas actividades.

El oficio señala que “del análisis realizado, se pudo inferir que otros 14 (catorce) eventos se realizaron en el Complejo Militar ‘Lo Curro’ en forma adicional a lo expuesto en el punto 6., totalizando 15 (quince) actividades desarrolladas en relación al requerimiento del Tribunal. Las 132 (ciento treinta y dos) facturas fueron canceladas con recursos presupuestarios asignados conforme a la ley de presupuesto de la nación, subtitulo 22, y en lo particular, las 15 (quince) facturas por las actividades que se pudo inferir, fueron realizadas en el Complejo Militar ‘Lo Curro’, como sigue: a. 14 (catorce) facturas pagadas con cheques nominativos (mecanismo de pago usado en esa fecha por la institución). b. 01 (una) factura pagada con transferencia bancaria el año 2018. Consecuente con lo anteriormente expuesto, adjunto se remite a US., carpeta que contiene en el separados A) 132 (ciento treinta y dos) facturas que fueron canceladas por la Sección Finanzas de la SGE al Club Militar de Chile entre el año 2008 y 2019, y en el separador B) se encuentran los 15 (quince) documentos contables, de los cuales, se pudo inferir que las actividades sí se desarrollaron en el Complejo Militar Lo Curro”.

Fiscalía y los 100

Y si la ministra Rutherford sigue con las pesquisas en su investigación, el Ministerio Público también hace lo propio. El fiscal Carlos Palma indaga desde 2018 el caso de presunto fraude al Fisco por parte de efectivos militares, a través de Fondo de Ayuda Mutua (Fam), una especie de sistema informal de ayuda solidaria que operaba en la institución.

Y esta semana el caso se reactivará. El persecutor citó para tomar declaración a 114 personas, entre ellos militares activos y en retiro. En su mayoría se trata de funcionarios retirados de la institución, donde destacan cerca de 40 generales (R) y más de 60 coroneles (R).

El fiscal Palma estará en Santiago -es jefe de la jurisdicción de Coyahaique- durante los próximos días, tomando declaración a los funcionarios y exfuncionarios de la institución. De esto ya fue notificado el Ejército, quienes comentaron en privado que están con toda la disposición de ayudar al persecutor, en toda información que sea requerida.

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