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OPINIÓN | Contratación pública y transparencia en época de pandemia

"La contratación pública no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para satisfacer las necesidades ciudadanas, aspecto que obliga a la administración estatal a velar por la máxima eficiencia", señala el abogado Eryk Cisternas.

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Resulta evidente que la crisis sanitaria por Covid 19, ha generado un impacto sin precedente en la forma de vida de las personas y también en la forma en que los Estados han debido observar su gestión de cara a garantizar la vida en dicho contexto, como también garantizar la sustentabilidad de los procesos esenciales para dar viabilidad al funcionamiento social y económico.

Esto no ha sido una tarea fácil, toda vez, que la emergencia de la crisis sanitaria por Covid 19 nadie la previo, no por lo menos desde el ámbito del desarrollo de políticas públicas preventivas impulsadas por el Estado. En nuestro país la situación ha sido la siguiente: la crisis ha develado la inefectividad del sistema de protección social hacia los grupos más vulnerables, la ineficiencia del sector privado, que durante décadas alimento el mito de ser más eficiente que el Estado; la carencia de recursos y desarrollo en ciencia y tecnología, y una falta de planificación estratégica absoluta desde el Estado al momento visualizar escenarios problemáticos con incidencia en sectores de relevancia como es el caso de las contrataciones públicas.

El ámbito de la contratación pública es cada vez más valorado a nivel mundial por su importancia tanto social como económica. A modo de ejemplo, en la Unión Europea la contratación pública corresponde al 14 % del PIB de la UE, en tanto que Chile dicho sector representa el 12,5 %, sin embargo, en el contexto de pandemia, es un sector esencial. En efecto, enfrentamos una problemática global, pero la primera respuesta proviene del Estado que debe hacerle frente con herramienta locales, y con falta de planificación y prospectiva evidente, generando espacios para la ineficiencia del gasto público y la corrupción.

Si bien el Estado chileno ha generado de manera incipiente mecanismos de planificación en los procesos de compras, particularmente a través de los planes anuales de compra publica, dicho instrumento se vuelve el verificador de proceso de carácter formal, más que ser un instrumento que efectivamente se anticipe a las diversas problemáticas que el Estado debe enfrentar y para lo cual debe aprovisionarse. En los planes de compras previos a la crisis, cuántos servicios públicos habrán contemplado la compra de implementos de seguridad para sus funcionarios; cuántas licitaciones se han orientado al fortalecimiento de la tramitación en línea orientada a los usuarios. ¿Se contempla la planificación de la cadena de producción y distribución de insumos estratégicos para la población? A juzgar por los resultados, es evidente el déficit.

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Aún más. Dichos procesos tienden a ser áreas opacas y lejanas del control ciudadano, y en tiempo de pandemia dicha opacidad se ha acentuado, bajo la justificación de la urgencia y las razones de Estado. Un ejemplo de aquello es la falta de información sobre la compra o gestión de donaciones de ventiladores mecánicos por parte del Ministerio de Salud. Si bien dichos equipos se han vuelto un bien escaso y que se debe cuidar a nivel mundial, nada obsta a que la autoridad señale un plazo y el modo en que dicha información se encontrara a disposición de la ciudadanía, muy especialmente en relación con los recursos invertidos, características técnicas y calidades, lo cual se desconoce hasta el día de hoy.

La transparencia en la gestión pública es un principio esencial para la construcción de confianza ciudadana y legitimidad de las instituciones, y no se contrapone a la eficiencia que debe observar el Estado en sus procesos de contratación en tiempos de normalidad, y, por cierto, en tiempos de emergencia. Sin embargo, hemos podido observar cómo dicho principio ha sido lesionado en muchas actuaciones gubernamentales.

Recientemente los medios de comunicación informaron sobre la fiscalización realizada por la Contraloría General de la República, órgano que realizo una comparación de los precios de las canastas de alimentos entregadas por el Gobierno en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia, y reveló pagos elevados de los productos en 15 de las 16 regiones del país, con sobreprecios de hasta 44%, en el caso de la región de Tarapacá. Sobre esta situación, se tenían antecedentes previos en la región de Tarapacá, dado los anuncios de una investigación penal por parte de la Fiscalía, en orden a determinar si existen irregularidades en la adquisición de dichos productos. Surge la pregunta en la ciudadanía

¿Quién o quiénes se benefician tras estas actuaciones y con qué fin? Dicho cuestionamiento no solo se sitúa en las autoridades y funcionarios involucrados en estos hechos, sino también en la actividad política toda, ad-portas de importantes procesos electorales y la necesidad de financiar campañas políticas.

La contratación pública no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para satisfacer las necesidades ciudadanas, aspecto que obliga a la administración estatal a velar por la máxima eficiencia sin perder de vista el componente ético respecto de los valores que nuestra sociedad debe resguardar, hoy el valor de la vida y su viabilidad, por sobre cualquier otra consideración.

Esta dimensión ética de la contratación pública es la que ha inspirado al Papa Francisco, quien ha publicado durante el año 2020, la carta apostólica “Sobre la transparencia, el control y la competencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano” relevando que “La diligencia del buen padre de familia es un principio general y de máximo respeto, en base al cual todos los administradores están obligados a cumplir con sus funciones”. Lo anterior, se orienta a señalar que la gestión de los bienes públicos debe ser fiel y honesta, puesto que implica el interés general de toda la comunidad. Es ahí el principal desafío para nuestra actual autoridad, quienes, a través de sus actuaciones en materia de contratación pública, han profundizado la desconfianza ciudadana en el rol del gobernante.

Volver a recuperar dicha confianza, sin duda será un camino largo y no exento de dificultades, pero necesario en un Estado de Derecho, dedicado a la protección y cuidado de sus ciudadanos.

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VIARadio Paulina
FuenteEryk Cisternas, abogado
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