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Corte Suprema ordena tramitar visas de dos familias venezolanas

Segunda Sala acogió recursos de amparo y ordenó a la Cancillería tramitar y resolver –lo que en derecho corresponda y en un plazo de 30 días– las solicitudes de visas de responsabilidad democrática presentadas por dos familias venezolanas.

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La Corte Suprema acogió los recursos de amparo y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores tramitar y resolver, en un plazo de 30 días, las solicitudes de visas de responsabilidad democrática presentadas por dos familias venezolanas (madres e hijos) y que cuyos cónyuges y padres, respectivamente, residen en Chile.

A ellos se les denegó el visado debido al cierre de las fronteras por la situación pandémica que atraviesa el país. 

Fue en dos fallos unánimes, la Segunda Sala del máximo tribunal estableció el actuar al impedir la reunificación familiar de los venezolanos.

El principio de reunificación familiar está reconocido en el artículo 9° de la Ley 20.430, además, en la Constitución Política de la República, en el artículo 1°, en su inciso final, dispone como deber el resguardo de la familia.

En ese sentido, los fallos sostuvieron que “impone al Estado de Chile, luego de haber otorgado visa al cónyuge y padre de las amparadas, no ser el causante o responsable de impedimentos u obstáculos injustificados y/o arbitrarios de orden administrativo y burocrático que entorpezcan o dificulten más allá de lo razonable, la reunión de la referida familia”.

“Se argumentó que producto a la prolongación del cierre de fronteras debido a la pandemia del Coronavirus y habiéndose excedido el plazo máximo para la finalización del acto administrativo, la autoridad había decidido rechazar todas las solicitudes de visas de responsabilidad democrática que se encontraban pendientes“, agregaron las resoluciones.

Ante esto, para la Corte Suprema la Administración es “responsable de la separación familiar de las amparadas, de su marido y padre, respectivamente, por causas que no resultan aceptables”.

Es por eso, que el Tribunal adoptará las medidas necesarias para reparar la afectación de los derechos vulnerados.

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