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Condenan a municipio de Arica por vulnerar derechos fundamentales de despedido director de educación

Municipio no evaluó su desempeño durante dos años, sin ejercer su derecho, incumpliendo así la ley y mostrando desidia. Para luego decidir poner término al nombramiento de su cargo sin motivo.

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El Juzgado de Letras del Trabajo de Arica acogió la demanda de vulneración de derechos fundamentales presentada por el ex jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la ciudad.

En la sentencia, el magistrado Fernando González estableció el actuar arbitrario de la municipalidad de Arica, representada por el alcalde Gerardo Espíndola, al solicitarle la renuncia al entonces jefe del DAEM, Darío Marambio, quien accedió al cargo vía concurso a través del Sistema de Alta Dirección Pública, por un período de cinco años.

El fallo plantea que el municipio, pese a tener informes,  no evaluó el desempeño de su funcionario como director del DAEM. “En este sentido, si bien la evaluación de los funcionarios municipales es una prerrogativa entregada por ley a la autoridad del municipio, el alcalde, la misma debe ejercerse en la oportunidad que señala la ley, esto es, año a año”.

La resolución explica que la municipalidad al no ejercer dicha prerrogativa, incumplió la ley, e incurrió en esa omisión por dos años, constituyendo una doble infracción legal, “y de esa omisión quiere responsabilizar al trabajador, lo que resulta un despropósito, puesto que la evaluación del funcionario estaba entregada por ley a la empleadora, siendo ella la única responsable de esa omisión. En el mismo sentido, tal vez el primer año, el 2016, pudo estimarse razonable esperar unos meses la realización de evaluación, pero no todo el año y menos todo el año siguiente, eso es desidia, una falta de cuidado con el Servicio, ausencia de interés en el quehacer de la municipalidad y en la persona del funcionario”.

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Para el tribunal de alzada ante los indicios debidamente acreditados en el juicio, “surge la idea que la conducta de la municipalidad de Arica, al poner término al nombramiento de Marambio Núñez, mediante la declaración de la vacante del cargo de director del Departamento de Administración de Educación Municipal, fue una determinación carente de motivo, con cierto grado de arbitrariedad, surge la sospecha que se trató de un acto abusivo, del ejercicio ilegítimo de una facultad, y que resulta probable que la empleadora vulneró derechos fundamentales del trabajador”.

En este punto, el magistrado se cuestiona “cómo pudo informar el alcalde al concejo municipal, y a la comunidad de Arica, acerca de los temas de la educación municipal, durante los años 2016 y 2017, y también 2018, si no contaba con los informes del director del DAEM y con el convenio que los respaldaba y justificaba, más cuando ambos instrumentos son los que daban cuenta de aquellos temas”.

“En este sentido –prosigue–, resulta clarificador el testimonio de Juan Carlos Jiménez Tapia, quien en lo pertinente explica que trabajó en el DAEM de la municipalidad de Arica, y que las metas del Departamento eran de todos los funcionarios y se traducían al Convenio del Director, y que se referían a los establecimientos; y agregó que el cumplimiento del director es el mismo que el del DAEM”.

“Para responder a esta interrogante sólo existen dos respuestas posibles, la primera, y en base lo alegado por la empleadora, en el sentido que no existía Convenio en los años 2016, 2017 y 2018, y tampoco evaluaciones de desempeño aprobadas, de esos años, la información que ella entregó al concejo y a la comunidad fue falsa, inventada, ya que no existía ningún elemento, ningún parámetro, ninguna base sobre la educación municipal emanado del DAEM y de su director, única Unidad con los conocimientos, antecedentes e información en materia de Educación”, razona.

“(…) no existe ningún elemento de juicio, ninguna prueba que permita concluir, o al menos sospechar, que los años 2016, 2017 y 2018, el Sistema de Educación Municipal, incluyendo a los profesores, alumnos, establecimientos educacionales, o cualquier otro de sus componentes, estuviera afectado o sufriera alguna consecuencia perjudicial, un detrimento por la mala gestión o administración del DAEM y de su director. Por el contario, al parecer todo marchó adecuada y perfectamente, y esto sin duda quedó reflejado en la cuenta pública del alcalde de esos años. Respecto del año 2018, cuyo informe de desempeño debía evacuarse a finalizar el año, el actor no pudo hacerlo ya que en ese tiempo se encontraba suspendido de sus labores por resolución dictada en un sumario administrativo seguido en su contra y debió hacerlo el funcionario subrogante, y no lo hizo. Entonces, y de manera lógica, se concluye que el funcionario demandante, en su calidad de director o jefe del DAEM, siempre cumplió oportunamente con sus obligaciones tanto para con su labor como para con su empleador”, concluye.

Por lo tanto, el tribunal resolvió rechazar las excepciones de incompetencia y caducidad presentadas por la municipalidad y acoger la demanda de vulneración de derechos fundamentales deducida por Marambio Núñez, en contra de la  municipalidad de Arica, ya que incurrió en actos que significaron la vulneración al derecho a la libertad de trabajo del trabajador denunciante, con ocasión del término de la relación laboral.

Por lo que el tribunal determinó que como medida de reparación, la municipalidad de Arica deberá pagar las remuneraciones íntegras del demandante correspondientes al período del 29 de marzo de 2019 hasta el día 1 de diciembre de 2020. Además, deberá remitirse copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo, conforme dispone el artículo 495 del Código del Trabajo.

Por último, la municipalidad de Arica como parte denunciada y demandada, deberá pagar las costas del juicio ($700.000), por estimar especialmente grave su conducta en la vulneración al derecho a la libertad de trabajo del demandante.

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