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Corte Suprema confirma fallo que condenó al fisco por muerte de interno en penal de Alto Hospicio

La Tercera Sala del máximo tribunal descartó error de derecho en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, la cual estableció que Gendarmería Tarapacá tuvo responsabilidad en el hecho por no contar con las medidas adecuadas de vigilancia en el recinto penal.

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La Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios que pretendían anular la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Iquique que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $25.000.000 a los padres del interno que falleció en una riña, al interior del penal de Alto Hospicio.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal, descartó error de derecho en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó la de primer grado que estableció la responsabilidad, por falta de servicio, de Gendarmería Tarapacá al no contar con medidas adecuadas de vigilancia en el recinto penal.

El fallo plantea que “esta Corte ha señalado reiteradamente que la falta de servicio se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el artículo 42 de la Ley N°18.575”.

En su argumentación, el tribunal plantea que la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile, expresa que deberá “dirigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos y custodiar y atender a las personas privadas de libertad mientras permanezcan en los establecimientos penales’”.

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Que además “el Decreto Supremo Nº 518 de 1998 del Ministerio de Justicia que establece el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, indica, en su artículo 6º inciso 3º: ‘La Administración Penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos y permitirá el ejercicio de los derechos compatibles con su situación procesal’. Por último, el artículo 10, literal d), de este reglamento, ordena: ‘Los establecimientos penitenciarios se organizarán conforme a los siguientes principios: d) Un sistema de vigilancia que garantice la seguridad de los internos, funcionarios, recintos y de toda persona que en el ejercicio de un cargo o en uso de una facultad legal o reglamentaria ingrese a ellos’”.

Resume entonces la sentencia, que la función de velar por la vida, integridad y salud de los internos, finalidad que se logra, entre otros medios, a través de un sistema de vigilancia que así lo garantice, no ocurrió en este caso.

Menciona el fallo que en el propio informe N°680 emitido por Gendarmería de Chile se reconoce la ocurrencia de riñas con resultado de muerte, en el mismo recinto, los días 27 de enero, 3 de agosto, 25 de septiembre, 7 de noviembre y 25 de noviembre, todos del año 2015, “expresando que ‘corresponde a un evento que sin duda alguna puede volver a ocurrir, considerando que se mantienen los denominados ‘puntos muertos’ en los módulos de reclusión, en donde el operador de circuito cerrado de televisión no logra tener una visión eficaz y amplia del sector, por ende, esta situación facilita la ocurrencia de hechos de estas características. Se suma a lo anterior, la cantidad de personal que cumple funciones diariamente en las agrupaciones, la que en algunas ocasiones no es suficiente para extremar las medidas de control’. Ello se ve ratificado por la declaración del victimario Ángelo Bustamante, quien expresa que la pelea ocurrió ‘en la esquina para que no nos viera la cámara de vigilancia’”.

La Sala Constitucional sostiene que la falta de vigilancia propició, además, que los internos portaran armas cortopunzantes que no fueron previamente advertidas por el personal del penal. Revelándose que la víctima, Víctor Rojas Astorga, al momento de los hechos portaba dos armas, mientras que Ángelo Bustamante, el victimario, “si bien afirma haber portado sólo un trozo de madera, los antecedentes dan cuenta que se trataba de un artefacto cuyas características eran aptas para causar una herida mortal”.

Agrega la sentencia que los informes policiales acompañados en la causa dan cuenta que “los hechos se habrían gestado alrededor de las 9.30 horas en el patio del módulo 45, mientras que el personal del centro asistencial declaró que la víctima ingresó para ser atendida a las 10.55 horas, lo cual deja en evidencia un lapso extenso durante el cual el personal de Gendarmería no advirtió lo que estaba ocurriendo, o simplemente no actuó para evitar las consecuencias que se desencadenarían posteriormente”.

Por lo antes descrito, la Corte concluye que si bien “no pierde de vista que la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, que condenó a Ángelo Bustamante Escudero por el delito de homicidio, razona que lo acontecido fue ‘una riña, un enfrentamiento entre los dos que implica el conocer o saber que puede haber daño a uno u otro, con aceptación de esa condición’;  en este caso, se trató de un homicidio simple, ocurrido con motivo de una riña, cuya ocurrencia se vio propiciada por la falta de servicio incurrida por Gendarmería de Chile”.

 

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