El Primer Tribunal Ambiental este martes dictó sentencia respecto al proyecto minero Cerro Colorado de BHP Billiton. En ella se señala que “la evaluación del proyecto adecuaciones en depósitos de lastre, caminos internos y campamento ha adolecido de errores sustanciales y por lo tanto la reclamación interpuesta por la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca (AIASIQ) será acogida en los términos que se indicará en lo dispositivo del presente fallo”.
Con esta determinación, los ministros Mauricio Oviedo, Juan Opazo y el ahora ex ministro Marcelo Hernández, culminó su cargo el 8 de junio, pusieron término a la reclamación de la asociación agrícola de Quipisca contra el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, y dejaron sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, del proyecto.
Ahora, la empresa deberá ingresar nuevamente a evaluación ambiental las obras con las que pretenden generar adecuaciones en el depósito de roca estéril de la minera, ya que el órgano jurisdiccional estableció que se trata de un proyecto que considera riesgo para la salud de la población por las emisiones que va a generar.
El fallo se sustenta fundamentalmente en que existen serias deficiencias en la evaluación ambiental realizada por organismo estatal. Entre ellas, que no se logró descartar la afectación a la salud de la población por la emisión de material particulado en el ambiente, ya sea, MP10, MP2,5 y especialmente Material Particulado Sedimentable, MPS, que genera el acopio de rocas producto de la continuidad operacional de la faena.
En total fueron seis los hechos controvertidos de la causa analizados por los ministros y entre los que se acogieron, también está la ausencia de línea base por falta de informe antropológico; el hecho de que no se efectuaron reuniones con los miembros de la asociación de Quipisca; y la no realización de Consulta Indígena conforme al Convenio 169.
“La normativa ambiental no puede alentar una concepción restrictiva de protección a uno de sus elementos más sensibles como es el medio humano, máxime cuando de su interpretación no es posible advertir tal dirección”, dice el fallo.
Respecto a las reuniones con los miembros de la asociación que interpuso el reclamo, el tribunal estableció que el SEA tenía la obligación de efectuar reunión con todas las comunidades indígenas cercanas al proyecto, lo que incluye a la asociación. Esto hubiese permitido recoger sus opiniones y advertir las consecuencias o riesgos que el proyecto podía generar a esas personas y con ello haber suspendido el proceso de Declaración de Impacto Ambiental, DIA, y haber determinado una Evaluación de Impacto Ambiental, EIA.
Asimismo, en lo referente a la Consulta Indígena, la sentencia establece que al organismo evaluador le compete un rol en relación a la preservación y resguardo de los pueblos originarios, y se señala: “Es posible advertir que existe evidencia irrefutable de susceptibilidad de afectación directa al grupo humano AIASIQ (Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca), razón por la cual se hace forzoso concluir que existe la necesidad de implementar el procedimiento de consulta indígena bajo los estándares previstos en el Convenio 169 de la OIT y, por tanto, estos sentenciadores acogerán la presente alegación”.
El proyecto reclamado contempla el depósito de los estériles (minerales de baja ley) en 87,3 hectáreas adicionales, lo que representa una capacidad extra de 86 millones de toneladas; además, el tratamiento de la superficie de rodado de los caminos internos de la faena y la extensión de zonas intramuros del campamento de la minera.
La Compañía Minera Cerro Colorado produce cátodos de cobre de alta pureza y se emplaza a 4,5 kilómetros del sector de Sabaya en la quebrada de Quipisca, lugar de hábitat de los comuneros de la asociación indígena y la minera está ubicada en la comuna de Pozo Almonte, a 95 kilómetros al este de Iquique, en la región de Tarapacá.
