Inicio ARICA Corte de Arica deja sin efecto expulsión de siete ciudadanos venezolanos

Corte de Arica deja sin efecto expulsión de siete ciudadanos venezolanos

En fallo dividido, dejaron sin efecto las resoluciones exentas emitidas por la actual delegación presidencial de Arica y Parinacota que ordenaron la salida obligada del país de los extranjeros amparados, al establecer que la medida resulta ilegal y desproporcionada.

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La Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de amparo presentado por las defensas de los ciudadanos venezolanos y anuló los decretos de expulsión dictados por la delegación presidencial de Arica y Parinacota, de siete ciudadanos venezolanos.

En fallo dividido, la Segunda Sala del tribunal de alzada dejó sin efecto las resoluciones exentas que ordenaron la salida obligada del país de los amparados, tras establecer que la medida resulta ilegal y desproporcionada. Uno de los ministros estuvo por rechazar el recurso interpuesto en favor de dos de los siete amparados.

El fallo entonces acoge el recurso de amparo a favor de Nelyeson de Jesús Goyo Chacón, Daniela Dayan Marchan Rodríguez, Deisimar Paola Lucena, Willians José Castillo Sequera, Danyely Yakaris Castro González, Jorge Eduardo Vásquez Urdaneta y Osmandy Rafael Valencia Gurgullon, dejando sin efecto resoluciones dictadas el 5 de agosto de 2019, 17 de marzo de 2021, 6 de septiembre de 2021, 8 de septiembre de 2021 y 22 de octubre de 2021, dictadas por la intendencia regional de Arica y Parinacota, actual delegación presidencial regional de Arica y Parinacota, que ordenan su expulsión del país, debiendo los amparados regularizar su situación migratoria de conformidad a la normativa vigente.

En el caso de cuatro de ellos (Nelyeson de Jesús Goyo Chacón, Daniela Dayan Marchan Rodríguez, Deisimar Paola Lucena y Willians José Castillo Sequera) los decretos de expulsión fueron expedidos por la autoridad administrativa dentro del plazo que el artículo 8 transitorio de la Ley N° 21.325 otorgaba a los extranjeros para hacer abandono voluntario del país, “de modo que, encontrándose pendiente el plazo para el ejercicio de tal facultad, no podía la administración ordenar su expulsión compulsiva, haciendo el acto inoportuno”.

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Mientras que en el caso de Danyely Yakaris Castro González, “teniendo únicamente presente esta Corte que la resolución impugnada se fundó en que fue condenada ‘según sentencia de 20 de abril de 2021’, circunstancia esta última que no resulta efectiva, a la luz de los antecedentes allegados a este recurso, ya que en esa fecha sólo se comunicó la decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público, de lo que se sigue que el acto administrativo impugnado carece de fundamentos e infringe los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, deviene en ilegal”.

En cuanto a los amparados Jorge Eduardo Vásquez Urdaneta y Osmandy Rafael Valencia Gurgullon, se tomaron en cuenta sus circunstancias personales de arraigo en el país. Vásquez Urdaneta permanece en Chile desde hace más de un año y vive junto a su pareja y su hija menor de edad de nacionalidad chilena, lo que se acreditó con el respectivo certificado de nacimiento; mientras que el amparado Valencia Gurgullon reside en Chile hace más de dos años junto a su hermana y sus dos sobrinos menores de edad de nacionalidad chilena, lo que se acreditó con el respectivo certificado de nacimiento y la copia de la cédula de identidad, conformando un grupo familiar en el transcurso de sus estadías en el territorio nacional, “generándose una vida afectiva en común, de carácter estable y permanente, y que de acuerdo a lo mandatado en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, debe ser amparado por todos los órganos del Estado, por lo que evidentemente, los decretos de expulsión afectarían a la unidad familiar”.

A mayor abundamiento, agrega la resolución, “de concretarse la expulsión de Vásquez Urdaneta, se vulneraría el interés superior del niño, en relación a su hija chilena menor de edad, principio reconocido por los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, en particular el artículo 9 sobre la Convención de los Derechos del Niño, que obliga al Estado a la adopción de las medidas necesarias para evitar la separación de los niños de sus progenitores y de su familia de origen”.

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