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Seguridad pública en Tarapacá: ¿El fracaso de una política pública? | Columna de opinión de Eryk Cisternas

El abogado y sociólogo plantea que con el cambio de autoridades y la instalación de los gobiernos regionales, existe un espacio amplio para impulsar una nueva gobernanza en materia de seguridad, incorporando las lecciones que ha entregado la realidad de la seguridad pública en la región durante las últimas décadas, e incorporando a la ciudadanía como un actor central.

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La problemática de la delincuencia es una realidad presente en todos los países, en menor o mayor grado, y con expresiones distintas. De ahí que, frente a una preocupación común de parte de los Estados en esta materia, no exista consenso respecto de cuál es la mejor estrategia para enfrentar la criminalidad con sus diversas expresiones. En nuestro país, a partir del año 2000, el Estado ha ido avanzando paulatinamente en el diseño de diversas políticas destinadas a la prevención y control de la delincuencia, además de ir definiendo y fortaleciendo la institucionalidad pública necesaria para enfrentar dicho desafío.

De este modo, el énfasis ha oscilado entre aquellas medidas destinadas a abordar la criminalidad desde el enfoque de prevención y aquellas que asignan un rol relevante al control y la persecución del delito; ambas estrategias expresadas en diversas iniciativas legales y programas sociales. También se tiene más conciencia de la importancia de la coordinación como base de sustentabilidad de cualquier política destinada a enfrentar la delincuencia en nuestro país.

En este contexto, la tarea de seguridad pública, tradicionalmente con fuerte énfasis policial, ha ido incorporando el aporte de otros sectores que, con instrumentos específicos, pueden aportar a esta labor, por ejemplo en el ámbito de salud, o del diseño urbano. Sin perjuicio de esto, en nuestro país, el 60 por ciento del presupuesto destinado a seguridad pública, sin considerar el presupuesto del Poder Judicial, es destinado a las policías. A pesar de ello, no se ha podido revertir el incremento en las tasas de delitos, fundamentalmente lo que dice relación con las tasas de delitos contra la propiedad. Ante la evidencia, es importante tener a la vista un enfoque integral sobre el delito, lo cual permitirá abordar la criminalidad entendiendo que ésta se produce en la medida que concurre al menos tres elementos: Una víctima y/o un bien atractivo para el robo; un entorno que facilita la comisión del delito; y una persona dispuesta a cometerlo.

Sin embargo, existe otras variables relevantes a considerar y que dicen relación con una desigual base de oportunidades que afecta a los ciudadanos, problemas importantes en el diseño urbano de espacios públicos y fenómenos sociales que inciden en el surgimiento de nuevas modalidades criminales, en el contexto de la globalización y las dinámicas fronterizas, que en el caso de la región de Tarapacá resultan una variable relevante a considerar.

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Con todo, lo que se puede constatar al momento de analizar la situación de la seguridad pública en la región de Tarapacá, no sólo dice relación con la falta de medios tecnológicos, financieros o humanos, sino un fuerte déficit en cuanto a la posibilidad de generar información estratégica para la toma de decisiones de política pública destinadas a la mitigación del fenómeno delictual. En diciembre del año 2021, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, en entrevista brindada al Diario La Estrella de Iquique, daba cuenta de su preocupación por la vulnerabilidad fronteriza, que permitía el ingreso de drogas y armas, además de “aumento de una criminalidad más dura” e incremento de la sensación de inseguridad de la población. Antes, en el mes de agosto de 2021, la fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Tarapacá,  Paola Apablaza, declaraba en entrevista al mismo medio, la preocupación existente respecto del aumento de armas en las poblaciones, y la necesidad de reforzar tecnológicamente y con recursos humanos las instituciones que deben enfrentar el crimen organizado local y trasnacional.

Estas declaraciones dan cuenta del déficit real que existe en materia de persecución del delito; sin embargo, desde hace varios años, tampoco se observa la generación de estrategias mitigadoras de la delincuencia desde el ámbito del gobierno regional y municipios, ni menos de una coordinación efectiva en el ámbito de sus atribuciones. De este modo, en un contexto de cambio de las principales autoridades en nuestro país, y procesos que se empiezan a implementar en el ámbito local, como es el caso de los gobiernos regionales, existe un espacio amplio para impulsar una nueva gobernanza en materia de seguridad, incorporando las lecciones que nos ha entregado la realidad de la seguridad pública en la región durante las últimas décadas, e incorporando a la ciudadanía como un actor central.

De este modo, el primer gran desafío, es precisamente avanzar en establecer mediante la generación de conocimiento en la materia, cuáles son las variables que localmente inciden en la criminalidad, y sirva de sustento a la toma de decisión pertinente por parte de las autoridades, orientando los esfuerzos presupuestarios y humanos hacia medidas efectivas que garanticen la seguridad pública como un derecho de todos los ciudadanos.

La experiencia internacional demuestra que el abordaje de cualquiera de estos aspectos, permite un mejor pronóstico sobre la posibilidad de que el delito ocurra. En otras palabras, estos aspectos son fundamentales al momento de planificar estrategias de mitigación de la criminalidad, así como su ponderación en orden de importancia, considerando los recursos efectivos que se disponen para tales fines.

 

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