La Mañana por Paulina

    A tres años de Cúcuta | Columna de opinión de José Vicuña, ingeniero comercial, experto en migraciones

    El columnista da cuenta de un efecto adverso en solicitud de visas de responsabilidad democrática y turismo consular, pero un aumento considerable en el ingreso por paso no habilitado mediante la autodenuncia: en 2017 se contabilizaron 9 personas venezolanas, cifra que subió a 101 en 2018, 3.333 en 2019, 12.935 en 2020 y 43.449 en 2021.

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    Se cumplen tres años de la visita del presidente Sebastián Piñera y el Canciller de ese entonces, Roberto Ampuero, a Cúcuta. Mucho se ha hablado del impacto que tuvo ese viaje en la llegada de población venezolana al país. Del total de ingresos por paso no habilitado entre 2018 y 2021, el 68% es de venezolanos. ¿Corresponde responsabilizar de lo anterior sólo al viaje del presidente Piñera a Cúcuta? No.

    En migración existen factores de expulsión y atracción. El primero, en este caso, es la grave crisis democrática que ha profundizado Maduro. El segundo es Chile. A fines de 2018 se estimaban en poco menos de 350 mil los residentes venezolanos, lo que, sumado a la estabilidad política y económica del país, atrajo a familiares y personas cercanas. Lo anterior aumentó con las constantes declaraciones en favor de la libertad en Venezuela en el primer año de gobierno y la visita a Cúcuta

    El gobierno impuso para personas venezolanas la Visa de Responsabilidad Democrática (abril 2018) y la Visa de Turismo Consular (junio 2019). Es decir, antes y después de Cúcuta. Éstas provocaron la disminución de flujos totales de población venezolana. En 2017, el saldo migratorio (ingreso-egresos) de venezolanos fue de 115.421; en 2018, de 188.939; en 2019 bajó a 125.342; y los dos últimos años tuvieron saldo negativo, de -4.200 (2020) y -7.307 (a agosto 2021). Pero, al mismo tiempo presenciamos un efecto adverso de esas visas: en 2017 se contabilizaron nueve personas venezolanas que se autodenunciaron por ingresar por paso no habilitado, cifra que aumentó a 101 en 2018, 3.333 en 2019, 12.935 en 2020 y 43.449 en 2021.

    Lo anterior muestra algo claro: después de Cúcuta entró considerablemente menos gente de Venezuela; pero, al mismo tiempo, aumentó exponencialmente su ingreso por paso no habilitado, en condiciones más precarias, creciendo considerablemente la red de tráfico y muertes en la frontera. Un Estado está en su libre derecho y deber de exigir documentación a quienes ingresan al país. El problema es que la crisis es tan grave en Venezuela que las personas siguen escapando.

    Evaluar los ingresos por paso no habilitado solo a partir de Cúcuta es injusto y reduce la complejidad de la migración venezolana. Pero lo que sí es necesario evaluar es lo dicho por el presidente Piñera en Cúcuta: “Hemos venido (…) para manifestar nuestro total compromiso y apoyo a la causa de la libertad, de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. El mejor camino, sino el único camino, es tener elecciones libres, transparentes y democráticas”.

    Tres años después, ya no hay puntos de prensa, los recitales se transformaron en funerales y los presidentes de la región nunca más promovieron elecciones libres, transparentes y democráticas. Finalmente, Cúcuta quedó como un evento mediático y los gobiernos nunca buscaron nuevos modos de colaboración. Lo único que permanece de febrero de 2019 es el sufrimiento de la población venezolana.

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