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2° Juzgado de Letras de Arica condena al fisco a pagar indemnización a víctima de detenciones ilegales y torturas

La víctima fue detenida ilegalmente por agentes del Estado, quienes lo sometieron a torturas, insultos y falsos fusilamientos en el Regimiento N° 4 “Rancagua” y en el cuartel de la Policía de Investigaciones.

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El Segundo Juzgado de Letras de Arica condenó al fisco a pagar una indemnización de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos) por concepto de daño moral, a Kenny Omar Burgos Córdova, quien fue detenido ilegalmente y sometido a torturas en, a lo menos, tres ocasiones por efectivos militares y policiales, entre 1973 y 1977, en la ciudad.

En la sentencia, el magistrado Gonzalo Quiroz acogió la demanda de indemnización de perjuicios, tras establecer el daño ocasionado a la víctima por agentes del Estado, quienes lo sometieron a torturas, insultos y falsos fusilamientos en el Regimiento N° 4 “Rancagua” y en el cuartel de la Policía de Investigaciones.

El fallo consigna que “el demandante, entre los años 1973 y 1977, fue detenido, puesto en prisión y torturado física y psicológicamente, a lo menos en tres oportunidades, en distintas fechas, lugares y circunstancias, por funcionarios del Ejército, de Carabineros y de Investigaciones, todo ello, durante y bajo las órdenes y amparo del gobierno de facto impuesto en el país, tras el golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre del año 1973”.

La resolución agrega que “el informe psicológico realizado al demandante por Cristián Vilches Guerra, psicólogo del PRAIS; el certificado emitido por la doctora Cecilia Vera Superbi, psiquiatra del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Servicio de Psiquiatría Adulto C.D.I. de fecha 23 de septiembre de 2004; el Dictamen de Invalidez del demandante emitido el 6 de noviembre de 2001 y el 9 de noviembre de 2004, por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y, el documento agregado como medida para mejor resolver, permiten presumir con vehemencia, conforme a los artículos 426 del Código adjetivo y 1.712 del sustantivo, que el demandante, como consecuencia de sus detenciones y prisiones ilegales y, de la tortura a la que fue sometido por los agentes del estado estando privado de libertad, experimentó severos daños sicológicos y físicos, detrimentos que por su entidad y por la forma en la que fueron causados, han dejado secuelas imborrables en la vida del demandante”.

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Agrega que dichas secuelas, “se han manifestado con posterioridad a los hechos ilícitos en patologías como depresión, ansiedad, artritis, fibromialgia, entre otra enfermedades, las que por su naturaleza se manifiestan en malestares físicos y pesares sicológicos, daños morales sobrevinientes que son consistentes y compatibles con la clase de tratos crueles y humillantes a los que fue sometido el actor, los que, como se dijo, han dejado cicatrices externas e internas que han madurado con posterioridad a la época en las que fueron causadas y que han permanecido y seguramente permanecerán, en el cuerpo y psiquis del demandante, por un largo tiempo”.

 

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