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Municipio de Tocopilla reclama ante 1° Tribunal Ambiental por multa aplicada por deficiencias en manejo de relleno sanitario

La Superintendencia de Medio Ambiente multó al municipio por $19 millones en base a la formulación de 4 cargos considerados graves relativos a incumplimientos en el manejo del relleno sanitario de la comuna.

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El Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite este martes, una reclamación de la municipalidad de Tocopilla en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por la multa aplicada debido a deficiencias en el manejo del relleno sanitario “Quebrada Ancha”.

El relleno sanitario “Quebrada Ancha” obtuvo su permiso ambiental el 2009 y recibe los residuos sólidos domiciliarios de las comunas de Tocopilla y María Elena,  y la disposición final para residuos industriales no peligrosos generados en la comuna de Tocopilla.

La SMA formuló 4 cargos a la municipalidad de Tocopilla, estos son por manejo deficiente de residuos sólidos, disposición de los residuos contrario a lo dispuesto en el permiso ambiental, la no realización de monitoreos asociados al control topográfico y asentamientos, y no haber dado respuesta a requerimientos de información por parte del organismo fiscalizador.

Las infracciones fueron clasificadas como graves y se aplicó una multa de 28,2 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, cercana a los 19 millones de pesos.

La municipalidad asegura que la calificación de los cargos imputados por el organismo fiscalizador no da cuenta de la serie de acciones realizadas luego de la primera fiscalización efectuada por dicho organismo el 2018, además, refuta el hecho de que la SMA no aceptase el Programa de Cumplimiento aduciendo que su presentación se encontraba fuera de plazo.

Respecto a los argumentos que dicen relación a la gravedad de las infracciones impuestas por la Superintendencia, el municipio fundamenta el reclamo en su inconformidad con la sanción aplicada “debido a que no está debidamente fundamentado el porqué de la calificación de los cargos ya que, por una parte, no se habría tomado en consideración las medidas adoptadas por el municipio el año 2020; y por otra, no existen pruebas suficientes para determinar la clasificación de determinados cargos”.

Lo anterior, significa para la municipalidad que la clasificación de las infracciones es “arbitraria e ilegal” y en este sentido asegura que “la SMA no ha ponderado los criterios de permanencia en el tiempo de la infracción y el grado de implementación de la medida en los cargos impuestos, y sólo se ha basado en la primera fiscalización realizada el 2018 sin constatar que el municipio ha tomado medidas que permiten subsanar al menos parcialmente, los cargos realizados por la autoridad”.

Ahora, el Primer Tribunal Ambiental solicitará los antecedentes respectivos al organismo fiscalizador para analizar los puntos en controversia y luego convocar a la audiencia en la cual los abogados, tanto del municipio como de la Superintendencia, deberán presentar sus argumentos.

 

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