La Corte de Apelaciones de Arica, tras confirmar el fallo en primera instancia, condenó a Mall Plaza Arica al pago de una indemnización de 2 millones 370 mil 79 pesos a una familia, a raíz de un accidente protagonizado por un menor de 2 años en su interior.
Concretamente, los hechos tuvieron lugar el día 26 de diciembre del año 2020, cuando el niño de 2 años fue aplastado por un macetero en momentos en que se encontraba jugando en el patio de comidas.
A raíz de esto, los padres debieron trasladar al menor al área de Primeros Auxilios del centro comercial, donde sólo le entregaron una compresa de hielo. Posteriormente, los padres se trasladaron a un centro de salud privado, lugar donde le fueron realizados exámenes de salud que arrojaron una fractura en su extremidad izquierda.
Tras el suceso, la familia del niño reclamó ante el mall por la falta de seguridad, estando la entidad dispuesta tan solo al pago de los gastos médicos realizados y estableciendo como condición que deban renunciar a futuras acciones indemnizatorias.
Luego de esto, la madre del menor presentó un reclamo ante SERNAC y después una demanda civil de indemnización por daños y perjuicios, de la cual el organismo se hizo parte también.
En tanto y tras conocer los antecedentes, el Tercer Juzgado de Policía Local de Arica condenó al mall, señalando que la empresa incumplió la ley al no cumplir con su obligación de entregar un servicio con estándares de seguridad, puesto que no tomó las medidas para evitar riesgos y actuó en forma negligente.
Por su parte, el centro comercial apeló ante la Corte de Apelaciones, argumentando su cumplimiento con todas las medidas de prevención.
En ese sentido, el tribunal de alzada ratificó el fallo en primera instancia, condenando a Mall Plaza Arica al pago de 370 millones 79 mil pesos por concepto de gastos médicos y tratamientos de salud, añadiendo 1 millón de indemnización por perjuicios y 500 mil pesos para cada uno de los padres por daño moral.
Sumado a esto, le fue aplicada una multa de 50 UTM a beneficio fiscal por infringir la Ley del Consumidor, lo que ratifica que los consumidores tienen derecho a la seguridad en el consumo.
