El Servicio Nacional de Migraciones anunció este viernes que interpuso un recurso de apelación en la Corte Suprema, luego de que el jueves la Corte de Apelaciones de Concepción ordenara la suspensión del director de la institución, Luis Thayer.
Lo anterior, debido a la nula respuesta desde el organismo frente a un recurso de protección presentado por una ciudadana cubana, por la tramitación de su visa temporal.
Además, este viernes la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), liderados por su jefe de bancada Andrés Longton, oficiaron a la ministra del Interior, Izkia Siches, de quien depende la repartición de la institución, para solicitar la salida del director del Servicio Nacional de Migraciones.
Sobre esta medida, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma afirmó que por primera vez la Corte de Apelaciones de Concepción suspende de su cargo al director nacional de Migraciones “por su incapacidad de responder cuatro oficios en la causa antes mencionada”.
Asimismo, el parlamentario señaló que “cuando el Servicio Nacional de Migraciones no es capaz de hacer su trabajo, nos enfrentamos a que hay impunidad, fronteras abiertas, incapacidad de frenar la migración ilegal por la incapacidad de responder oficios a la Corte de Apelaciones”.
“Nosotros esperamos que dada la incapacidad de (Luis Thayer), el Presidente Boric le pida dar un paso al costado, a quien hasta el momento, en estos cuatro meses, no ha sido capaz de liderar a un servicio para poder ni siquiera responder los oficios que le había solicitado la Corte de Apelaciones”, agregó.
En tanto, desde la institución aclararon por medio de un comunicado que en abril de este año recibieron un servicio con 500 mil solicitudes de residencias temporales y definitivas, con uno, dos y hasta más años de retraso.
“Hoy existen más de 8.000 recursos judiciales presentados contra el Sermig en todo el país, los cuales están siendo respondidos por un equipo de 13 abogados especializados en la materia”, sostiene el documento.
Respecto al caso de la ciudadana cubana, desde la institución explicaron que “la usuaria no vio afectados sus derechos en ningún momento mientras su solicitud estaba tramitándose, tuvo acceso a una autorización de trabajo y residencia provisorio”.
