A través de una investigación regional llevada a cabo por las Brigadas del Cibercrimen Metropolitano, la Brisex de Tarapacá y la Fiscalía Local de Alto Hospicio se estableció por un sistema basado en la cooperación internacional con el FBI, que el 14 de junio de 2022, utilizando un programa de intercambio de archivos el imputado G.J.S.V., descargó y distribuyó archivos correspondientes a material pornográfico infantil, por lo cual se consulta a la empresa distribuidora de internet, que indicó que el IP correspondía a un contrato con el imputado, informando además que poseía seis direcciones IP en el domicilio.
Dos de ellos pasaron a control de detención quedando en prisión preventiva, mientras que el tercero quedó a la espera de la citación a la audiencia, ya que tiene una enfermedad degenerativa que lo mantiene postrado en su casa.
La fiscal de delitos sexuales Camila Albarracín indicó que en esta investigación, en colaboración con el gobierno estadounidense, “pudimos junto a la Policía de Investigaciones identificar las IP ubicadas en tres domicilios de la comuna de Iquique donde se estaba descargando y difundiendo material pornográfico infantil, logrando identificar a estas personas y así detener la distribución de este material que vulnera gravemente los derechos de los niños, ya que están siendo abusados sexualmente y además se aprovecha y se usan sus imágenes”.
Durante la audiencia de formalización, la fiscal explicó que en el mes de junio pasado, los imputados G.S.V. y D.V.G., al interior cada uno de sus domicilios ubicados en el sector céntrico de la ciudad, descargaron y distribuyeron archivos correspondientes a material pornográfico infantil.
En tanto, personal de la Brisex y peritos informáticos del Cibercrimen el día de ayer (lunes), encontraron distintos dispositivos electrónicos de propiedad de los imputados, en los cuales estaban almacenados 1.450 archivos en el computador de G.S.V. y 345 imágenes en los dispositivos de D.V.G.
La fiscal formalizó a los imputados por los delitos de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil, solicitando la prisión preventiva de ambos por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación.
El juzgado de garantía de Alto Hospicio acogió la solicitud de la Fiscalía y fijó un plazo de investigación de 90 días.
