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Corte de Apelaciones declaró inadmisible recurso de protección de diputadas contra test de drogas

El tribunal de alzada respondió que “no se advierte en el recurso la existencia de hechos que puedan constituir una vulneración de garantías constitucionales (...) se declara inadmisible el recurso de protección interpuesto”.

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Este lunes la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección presentado por un grupo de diputadas para evitar hacerse el test de drogas, que comenzó a aplicarse en la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 22 de agosto.

La prueba debe ser aplicada de manera semestral en el Laboratorio de Análisis Antidoping de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. En tanto, los primeros 78 diputados que fueron sorteados tienen hasta el 30 de agosto para realizarla, y los resultados se conocerán entre 10 a 15 días después.

Dicha acción judicial fue ingresada por las parlamentarias Marisela Santibáñez (Partido Comunista), Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Sagardía y Ana María Gazmuri (Acción Humanista).

En el documento que presentaron para el recurso de protección, las diputadas acusaban que la modificación reglamentaria que permitió la aplicación del examen afectó sus garantías constitucionales como “la integridad física y psíquica, la protección a la vida privada, a la honra y a los datos personales”.

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Además, alegaban la ausencia de justificación constitucional objetiva y razonable para levantar dichos derechos”, y “una vulneración a la Convención Americana de Derechos Humanos, además de otros vicios legales en la implementación del test”.

Sobre esto, el tribunal de alzada respondió que “no se advierte en el recurso la existencia de hechos que puedan constituir una vulneración de garantías constitucionales (…) se declara inadmisible el recurso de protección interpuesto”.

Asimismo, la Corte advirtió que “el Congreso Nacional detenta la autonomía y facultad privativa para dictar sus propias normas reglamentarias que regulen su organización y funcionamiento interno”, además de considerar “la necesaria separación de poderes”.

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