La Mañana por Paulina

    Contraloría General manifiesta reparos al Plan Regulador Intercomunal de Tarapacá ingresado por el ex intendente Quezada para toma de razón

    En julio pasado, Quezada en acuerdo con el presidente del consejo regional de Tarapacá, Rubén Berríos, reingresó el proyecto al órgano contralor luego que éste fuese retirado por él mismo desde la misma institución en diciembre de 2020.

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    Luego que el 12 de julio pasado el intendente Miguel Quezada, actual delegado presidencial regional,  reingresara a la Contraloría General de la República el proyecto del Plan Regulador Intercomunal Costero de la región de Tarapacá, comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara; el cual había sido retirado en diciembre del año 2020 por el propio Quezada con el objetivo de incorporar nuevos  antecedentes a la propuesta, el órgano contralor emitió una resolución con reparos al documento.

    Sin embargo, hasta julio de este año dichos cambios en el plan regulador no fueron  detallados por la autoridad regional de la época a los consejeros regionales ni a la comunidad. Así lo ratificó el presidente de la Comisión de Vivienda del consejo regional de Tarapacá, Rubén López, quien precisó que no fue informado de esta decisión ni tampoco de los cambios realizados en la propuesta; a su vez, el consejero Pablo Zambra, dijo que quedaron esperando una convocatoria para recibir la retroalimentación.

    Ahora bien, la Contraloría General de la República, evacuó una resolución este lunes 6 de diciembre en la cual expresa diversos reparos de carácter técnico y administrativo.

    En el detalle, las observaciones al instrumento de planificación territorial se refieren a “que en la resolución que se examina no se aprueba ni individualiza -como parte de la Memoria Explicativa o del atingente estudio- el “Plano Síntesis de Riesgo”.

    Asimismo, en el articulado sobre “Áreas de Protección de recursos de valor natural APVN”, se omite consignar el reconocimiento del Humedal Urbano Playa Blanca de la comuna de Iquique, aprobado por resolución exenta N° 621, del 25 de junio de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente.

    Respecto al “Área de Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural”, no se incluye en el numeral 3), cuadro ‘Monumento Histórico, MH’ -así como en la memoria explicativa y plano lámina N°3-, la Farmacia y Droguería Libertad, el Teatro Principal y el Liceo de Huara, declarados monumentos nacionales en la categoría de monumento histórico, por el decreto N° 26, de 2019, del Ministerio de Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio.

    Además, se plantean otras indicaciones formales al documento, como por ejemplo que no se advierte el motivo por el cual en esta ocasión la resolución aprobatoria no contiene considerandos.

    Cabe señalar que el gobierno regional liderado en ese entonces por Quezada, exponía que la propuesta del Plan Regulador Intercomunal reingresada en julio pasado incluía los antecedentes necesarios, como la declaración del primer Humedal Urbano del país en el sector de Playa Blanca, Iquique, impulsado por la SEREMI de Medio Ambiente. No obstante, a la luz de los hechos, esto fue omitido.  

    Finalmente, la Contraloría General de la República indica que la Contraloría Regional de Tarapacá debe representar al gobierno regional las observaciones planteadas para que éste corrija el documento.

    Sólo una vez que se obtenga la toma de razón oficial del proyecto por parte de la Contraloría General de República, el proceso considerará un último trámite legal que será la publicación de la iniciativa en el Diario Oficial, con lo cual deberá entrar en vigencia el Plan Regulador Intercomunal de Tarapacá.

    Como es de conocimiento público, cuando el 21 de diciembre de 2020 el intendente Quezada decidió retirar el plan regulador de Contraloría luego de un proceso de 8 años de análisis, el cual se encontraba en su última etapa, el presidente de la Fundación Defendamos La Ciudad, Patricio Herman, denunció ante el contralor Jorge Bermúdez al intendente de Tarapacá, Miguel Quezada, por faltas la probidad e incumplimiento de la normativa de transparencia.

     

     

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